El decreto 462 y su impacto en el INTI
Sebastián Valdomir, Secretario General de la CTA Autónoma Capital Regional Norte, denunció que este decreto les quita la “autonomía y nos quitaba la autarquía” que poseía el INTI. Esta medida implicaría que el instituto, hasta ahora un organismo autónomo, pasaría a ser una “mera dirección” bajo la égida del Ministerio de Economía, limitando sus capacidades y funciones.
“La cautelar que presentamos con nuestro equipo jurídico nos brinda un alivio temporal”, aseguró Valdomir, indicando que, por seis meses, el decreto no podrá ser aplicado al INTI. Esta medida judicial busca dar tiempo para que la situación se resuelva definitivamente en el Congreso.
Consecuencias del desmantelamiento
En palabras de Valdomir, “si este decreto se hace efectivo”, dejaría al INTI en una situación crítica con graves repercusiones para los controles de calidad que este instituto realiza. Estos controles son esenciales en múltiples áreas: desde alimentos como harinas y carnes, plásticos como las botellas PET, hasta productos tan esenciales como las tetinas de los bebés. También son fundamentales en la industria automotriz con certificaciones en sistemas de frenos, cinturones de seguridad y neumáticos. “Estos son controles que se llevan adelante en la vida cotidiana de las y los ciudadanos”, subrayó Valdomir. Sin la intervención del INTI, productos que son vitales para la seguridad y salud públicas quedarían sin la rigurosa certificación que actualmente proporcionan.
Una lucha contra el reloj
Mientras los trabajadores esperan la resolución definitiva del Senado sobre este decreto, no descartan tomar medidas de fuerza. Estas han incluido una serie de protestas como “abrazos al instituto masivos, cortes en la General Paz, y visibilización en el Congreso”. Estas acciones buscan concienciar a la población sobre la importancia del INTI y las consecuencias de perder su autonomía. “Esperamos que nuestra movilización y presión logren el rechazo definitivo en el Congreso”, enfatizó el dirigente sindical.
Valdomir señaló que detrás de estas políticas hay un interés por “destruir el control estatal para beneficiar a empresas privadas”. Tal intervención, que también afecta a otros organismos como el INTA y la ANMAT, parece seguir una línea de desregulación, proporcionando espacio para que entidades privadas asuman funciones críticas y lucrativas sin el mismo nivel de rigurosidad y control.
¿Un negocio inmobiliario encubierto?
Además de la amenaza inmediata al funcionamiento interno del INTI, Valdomir insinuó que podría haber un interés inmobiliario detrás de todo esto. “Estamos ubicados en una zona muy llamativa, con 21 hectáreas al borde de la General Paz”, explicó. Según el decreto, todos los activos del INTI pasarían al Tesoro Nacional, permitiendo al Estado hacer uso del terreno del instituto para sus propios fines. “Creemos que puede haber un negocio inmobiliario detrás”, sugirió, aludiendo a posibles acuerdos poco transparentes entre el gobierno y actores privados.
El futuro del control estatal
En tanto, Valdomir lamentó que, bajo la administración actual, más de 700 empleados del INTI han optado por retiros voluntarios, lo que él describe como un “vaciamiento” de recursos humanos y experiencia. “No terminamos de comprender, bueno sí, sí comprendemos lo que lleva adelante el Gobierno, que es un plan de destrucción”, agregó, afirmando que el instituto no está sobrecargado de militantes políticos, sino que se trata de una entidad que funciona eficientemente y genera ingresos.
La incertidumbre reina entre los trabajadores del INTI. Valdomir y otros delegados se encuentran en constante negociación con senadores, intentando asegurarse de que el decreto no progrese. Para ellos, el rechazo del decreto “sería un triunfazo para nosotros como trabajadores y trabajadoras organizadas que venimos lidiando con todo este tipo de cosas”.
Este caso del INTI resalta un tema crucial sobre cómo se manejan los servicios públicos y el potencial desmantelamiento de entidades encargadas de salvaguardar la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos a través de controles y regulaciones. Más allá de implicaciones políticas y potenciales intereses privados, el riesgo es palpable, y la necesidad de una solución satisfactoria resuena no solo entre los empleados del INTI sino entre todos aquellos preocupados por los estándares de seguridad y calidad en Argentina.
