La Lucha por los Derechos Frente a las Armas del Veto Presidencial
La reciente protesta frente al Congreso surge como respuesta al veto presidencial que se impuso en relación a una ley destinada a garantizar la emergencia en discapacidad. Según Carlos Scally, la situación podría revertirse solo si “las dos terceras partes de ambas cámaras, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, rechazan el veto con el voto de las dos terceras partes”. Este proceso legislativo se ve respaldado por la Constitución Nacional, que en sus artículos 75 y 623 exige a los legisladores legislar medidas de acción positiva en línea con tratados internacionales sobre derechos humanos.
La lucha se origina fundamentalmente por las necesidades urgentes de los prestadores de servicios de apoyo a personas con discapacidad. Personas como terapeutas y psicopedagogos se encuentran percibiendo una remuneración deficiente, con casos donde una prestación de una fonaudióloga se paga solamente 12.000 pesos, mientras que un acompañante terapéutico gana menos de 435.000 pesos. Bajo estas circunstancias, “las instituciones, los centros educativos, los centros terapéuticos no le cierran los números y están a punto de cerrar su puerta”, menciona Carlos, dejando a muchas familias y profesionales en una situación insostenible.
Reacción Policial y el Impacto en la Opinión Pública
Durante la manifestación, se produjeron incidentes de represión que no pasaron desapercibidos. Carlos Scally denuncia que “el nivel de crueldad de este gobierno es increíble, ya que ningún gobierno, ni siquiera los de derecha, han tomado medidas tan severas como lo ocurrido hoy frente al Congreso”. La protesta se realizó sin bloquear la avenida Entre Ríos, evitando así afectaciones mayores al tráfico, sin embargo, la presencia policial y de gendarmería buscaba dispersar a la multitud.
En este contexto, Scally relata un momento particularmente preocupante al recordar que “había chicos con autismo, con síndrome de Down presentes, lo cual los altera psicológicamente”. Esta situación tensó aún más los ánimos cuando “pusieron toda una fila de la policía federal entre la vereda, la plaza y la calle”, lo que creó un ambiente de amedrentamiento hacia los manifestantes, entre los cuales se encontraban también personas con discapacidad de los centros educativos y terapéuticos.
A pesar de estas circunstancias, la respuesta social fue significativa. “Hoy fue contundente, la crítica social a la represión”, afirma Scally. Este clamor popular refleja un profundo rechazo a las acciones gubernamentales, aunque la volatilidad informativa pueda mermar su duración. La condena pública abre una ventana de esperanza para que “estos derechos los vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir saliendo a la calle pese al amedrentamiento”, reitera Scally, apostando por la movilización como herramienta de resistencia y visibilidad.
Pasos Hacia la Decisión Final en el Congreso
La discusión sobre el siguiente paso legislativo sigue en curso, con la expectativa de que la semana entrante se realice “una sesión para vetar estas leyes”. La conjugación de diferentes factores políticos pareciera que podría decidir el futuro de la ley de emergencia. “Están esperando el cierre de listas y alianzas”, lo cual podría influir en las decisiones de última hora de los legisladores.
Carlos Scally confía en que “lo sucedido hoy impactará en la conciencia de los diputados y senadores”, incluso de aquellos que quizás contemplaban apoyar el veto. Este es un momento decisivo, y Carlos enfatiza que “es la forma de visibilizar que esto no puede ser, una violación flagrante de los derechos humanos”.
Consolidando la Estrategia en la Lucha por la Justicia Social
Entre las posibles acciones contempladas por las organizaciones, se encuentra la presentación de una denuncia ante la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la percepción general de que estas instituciones son solo una extensión de la política dominante, Carlos cree que “la Defensoría tiene que encargarse de tutelar los derechos establecidos en la Constitución”.
La protesta frente al Congreso Nacional evocó recuerdos de movilizaciones históricas en defensa de derechos. La inminente decisión legislativa podría cambiar el rumbo de las políticas sociales hacia las personas con discapacidad y jubilados, promoviendo así una sociedad más justa e inclusiva. Desde las calles, el llamado sigue resonando en la consciencia política y social del país.
