La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retoma el análisis para establecer un marco normativo del servicio penitenciario porteño que promete, en palabras de algunos de sus promotores, ser un “hito en la administración de justicia local”. Con la participación de un plenario de comisiones, la discusión gira en torno a iniciativas que buscan mejorar profundamente el sistema penitenciario y su infraestructura, además de conferirle importancia al rol de la víctima durante el proceso judicial.
Encabezando las propuestas, el jefe de gobierno Jorge Macri presentó un proyecto que ha captado la atención de diversos sectores debido a su enfoque innovador. Uno de los puntos centrales está dedicado al “rol de la víctima”, acorde con la ley 6.115, que establece que las víctimas deben ser informadas y escuchadas durante el proceso. Esto refleja un cambio cultural y jurídico en la manera en que se comprende a las víctimas en el proceso penal, según algunos analistas.
Pero la propuesta de mayor envergadura, y que despierta un inusitado interés es el “plan de vida para los detenidos”. Este concepto busca trascender el “tradicional plan de actividades penitenciarias”, proponiendo un enfoque más humanitario que prevea no solo el seguimiento de actividades educativas y laborales, sino un acompañamiento más personalizado que permita a los internos reintegrarse a la sociedad de manera efectiva tras cumplir su condena. Este enfoque busca romper con paradigmas anquilosados que entienden el cumplimiento de una pena simplemente como retribución por el daño causado, y lo redefine como una oportunidad de transformación y redención.
Asimismo, uno de los desafíos más apremiantes para la Ciudad de Buenos Aires relacionada con este proyecto tiene que ver con la cuestión “de infraestructura penitenciaria”. Actualmente, la ciudad enfrenta el reto de no contar con establecimientos penitenciarios propios, lo cual obliga a mirar más allá de sus propias fronteras para encontrar soluciones inmediatas. En este sentido, existe un trabajo sostenido en establecer “un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles”, solucionando de forma pragmática y efectiva el tema de alojamiento y garantizando que, incluso cuando este alojamiento de reclusos se realice fuera del territorio porteño, el “marco normativo de la ciudad” se aplique en su totalidad.
El debate abierto en la Legislatura tiene a diversos actores de la justicia interesados y, no es para menos, ya que el establecimiento de una normativa propia para el servicio penitenciario porteño dotará a Buenos Aires de herramientas vitales para un ejercicio de justicia que sea eficiente, equitativo y rehabilitador. Este aspecto es clave ante la necesidad urgente de contar con un sistema penitenciario que no solo mire hacia adentro, sino que también piense en la función social del castigo y de la reinserción.
Representantes de organismos de derechos humanos y especialistas en temas penitenciarios han subrayado la importancia de que la nueva ley garantice los derechos básicos de las personas privadas de libertad, procurando “el respeto a la dignidad humana”. Este enfoque actúa como contrapeso ante la tradicional visión punitivista que ha imperado en la administración penitenciaria.
“Nunca una ley es solo una ley, también es un reflejo de lo que una sociedad entiende por justicia. En este caso, lo que se esa queriendo promover es un modelo civilizado, que busque armonizar el interés público con el derecho individual”, señalan expertos en justicia consultados sobre el asunto.
El debate en torno a esta ley es un recordatorio de cómo cada pieza del engranaje legislativo tiene repercusiones profundas en la vida de los ciudadanos. Aunque se trate de una normativa que a simple vista podría parecer lejos de la vida cotidiana de muchos, su correcta implementación y enfoque tiene el potencial de transformar no solo el sistema penitenciario, sino la percepción que se tiene del mismo, apostando más por su función rehabilitadora que solo punitiva.
Con el debate en marcha, el consenso en la Legislatura se vuelve crucial. La visión generalmente compartida es que una normativa moderna y eficiente podría llevar a la ciudad de Buenos Aires a ser un referente en el manejo penitenciario en América Latina, siguiendo modelos exitosos que han aplicado cambios similares en otras ciudades del mundo.
Con este enfoque renovador, la Legislatura porteña se embarca en un proceso donde la meta final no es solo generar una ley más, sino impulsar cambios sustanciales que signifiquen una mejora palpable en el sistema de justicia y en la calidad de vida de los habitantes de Buenos Aires, resguardando no solo su seguridad, sino también el respeto por los derechos humanos de todas las partes involucradas en el proceso penal.
