La Casa de la Moneda ha sido históricamente responsable de la producción de billetes, pasaportes, documentos nacionales de identidad, padrones electorales y estampillas fiscales, entre otros. Según Lobo, “Casa de la Moneda es una institución fundacional del Estado” y ha cumplido un rol esencial desde su creación. Sin embargo, el actual gobierno ha tomado medidas que han complicado la operación de esta entidad, lo que según él no es más que parte de una “política de estigmatización a los sectores públicos”.
Uno de los temas más candentes es la impresión de pasaportes y documentos de identidad. Lobo argumenta que, a pesar de cumplir con todas las normas de seguridad necesarias, al igual que las estrictas normas ISO internacionales, “nos quitaron esa potestad” mediante los decretos de necesidad y urgencia promulgados por el presidente. Esta función se ha tercerizado a empresas privadas, generando críticas en torno a los costos y la eficiencia.
El delegado denuncia que al tercerizar estos servicios, “perdemos soberanía monetaria”. Mientras que antes la fabricación de billetes, pasaportes y otros productos se realizaba internamente, ahora la producción se compra externamente, en este caso a China, lo cual se paga con moneda extranjera que el país necesita. “Es totalmente innecesario lo que están haciendo, y perjudicial”, sentenció Lobo, enfatizando la pérdida de control sobre procesos industriales estratégicos.
El traslado de estas funciones a terceros ha tenido ya consecuencias tangibles. Según Lobo, “empezaron los problemas” tras dejar de fabricar localmente, problemas que Casa de la Moneda jamás enfrentó durante su extensiva trayectoria. Alrededor de “200.000 pasaportes estaban en una condición” donde no cumplían con las normas de seguridad esperadas, debido a errores en elementos críticos, como una tinta invisible utilizada erróneamente. Esto ha resultado en un caos administrativo, con largas colas de personas intentando corregir los errores cometidos por las nuevas empresas contratadas.
Frente a esta situación, las preguntas se multiplican: ¿quién asumirá los costos de volver a imprimir correctamente los pasaportes defectuosos? Aunque estas cuestiones deberían dirigirse al RENAPER, la entidad encargada de solicitar las impresiones, la Casa de la Moneda también se enfrenta a un contexto de paralización. La intervención del doctor Pedro Cabañero ha contribuido a una “parálisis en Casa de la Moneda” según Lobo, agravada por la falta de materiales e insumos para operar.
Para Lobo, esta problemática responde a motivos políticos más que operativos. Argumenta que “claramente hay un negociado” cuando se transfieren trabajos de alta calidad realizadas por estatales hacia empresas privadas relacionadas con el gobierno. Esto no solo erosiona la capacidad de trabajo del personal estatal altamente cualificado sino que también derrocha recursos públicos y afecta la percepción de la calidad del trabajo estatal.
En conclusión, la situación de la Casa de la Moneda no es un asunto aislado, sino parte de una posible tendencia de tercerización y precarización del trabajo estatal en Argentina. Esto no solo afecta la economía del país, al añadir un sobrecosto de logística y materiales, sino que plantea profundas preguntas sobre la soberanía en sectores críticos. En un mundo donde la seguridad de la información y los documentos es clave, mantener la fabricación nacional de estos recursos parece más relevante que nunca.
La situación de la Casa de la Moneda y la controversia en torno a los pasaportes defectuosos ejemplifican un dilema recurrente: la tentación de privatizar servicios básicos en busca de benefactores a corto plazo, sacrificando, a menudo, la estabilidad y soberanía a largo plazo. La pregunta que surge ahora es si las instituciones argentinas trabajarán juntas para rectificar el rumbo o continuaremos viendo cómo la calidad, la soberanía, y la eficiencia se sacrifican en el altar de la tercialización.
