El caso, que tiene sus raíces en los eventos sangrientos de marzo de 1975, cuando se llevó a cabo un brutal ataque contra trabajadores en Villa Constitución, tuvo su reciente desenlace legal con la absolución de los 17 acusados aún en juicio. “Evidentemente, el tribunal encubrió todo lo que pasó”, afirma Loza, reflejando la frustración y el dolor de quienes han dedicado décadas a buscar justicia para las víctimas del evento.
El juicio por el Villazo estaba centrado en la represión violenta y sistemática que dejaron 200 personas encarceladas y 41 asesinadas. La resolución del tribunal no solo indignó a los familiares y sobrevivientes, sino que también subrayó un persistente patrón de impunidad que parece asediar a los casos de violaciones de derechos humanos en Argentina.
Carlos Loza, quien ha sido una figura clave en la defensa de los derechos humanos y un testigo de aquellos oscuros días, sostiene que “estos jueces no avanzan, los paralizan prácticamente por bastante tiempo”. Su declaración remarca una crítica recurrente al sistema judicial del país, en el que las causas vinculadas con el terrorismo de Estado y la complicidad civil permanecen obstaculizadas.
El Villazo no es un evento aislado en la historia argentina. Está intrínsecamente vinculado a la represión generalizada del movimiento obrero y el conflicto político durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El ataque en Villa Constitución fue parte de un esquema más grande de opresión estatal coordinado con empresas privadas, entre ellas, la siderúrgica CINDER, que buscaba romper y controlar la resistencia sindical. “La parte cívica, pero la parte de la responsabilidad empresarial, no hubo tal complicidad, hubo realmente una responsabilidad de las empresas”, subraya Loza, poniendo de manifiesto el papel de la elite económica en la represión.
Este veredicto se produce en un contexto político particular en Argentina, donde los movimientos regresivos hacen eco del pasado autoritario del país. La reciente decisión de Patricia Bullrich de renombrar una escuela de cadetes para honrar a Ramón Falcón, un símbolo de la represión en la historia argentina, es un ejemplo de la guerra simbólica que acompaña a estos tiempos de “reivindicación”, como describen algunos, de una parte oscura de la historia nacional.
La historia del Villazo y la reciente absolución en los tribunales nos lleva a la discusión más amplia sobre el papel de las empresas en la dictadura cívico-militar. El caso recuerda la compleja relación entre el poder económico y la represión estatal, donde intereses industriales y financieros colaboraron abiertamente con las fuerzas militares para aplastar la resistencia laboral y social. “Este juicio es muy importante, porque pone en evidencia y visibiliza a la empresa”, apunta Loza, refiriéndose a la implicación de CINDER y socios internacionales como el grupo Rockefeller.
La lucha por reconocer la responsabilidad empresarial en la represión y el genocidio de estado es una de las aristas menos exploradas y debatidas dentro del discurso oficial de justicia y memoria en Argentina. Aunque las leyes de impunidad, como las de obediencia debida y punto final, fueron revocadas a principios de los 2000, los juicios han enfrentado obstáculos irresolubles debido a “la impunidad biológica” y a un sistema judicial percibido como -en el mejor de los casos- ineficaz o servil a los intereses de cierto poder.
En cuanto a los próximos pasos, Carlos Loza y otros activistas y familiares de víctimas no están dispuestos a dejar que esta resolución judicial marque el final de su lucha. “Vamos a seguir peleando… para ver por qué rechazaron esa solución”, asegura Loza, dejando claro que la búsqueda de justicia está lejos de terminar. Las querellas ya están trabajando en apelar el fallo, y planean seguir poniendo presión sobre el sistema judicial para garantizar que se escuchen sus voces y que no se olvide la memoria de aquellos que fueron silenciados.
Este reciente fallo, aunque rechazado por muchos, ha tenido el efecto de reunir una vez más a una comunidad de activistas, familiares y sobrevivientes que están decididos a que su verdad sea reconocida. La absolución en el caso del Villazo es un recordatorio de las batallas pendientes en la lucha por los derechos humanos en Argentina y la necesidad continua de vigilancia y presión para asegurar que aquellos responsables de crímenes atroces sean llevados ante la justicia.
La historia parece enseñarnos que la justicia no es automática ni inevitable; es una construcción tenaz y a menudo dolorosa, especialmente cuando enfrenta estructuras de poder profundamente arraigadas. Sin embargo, como señala Carlos Loza, la importancia de perseverar en esta lucha reside no solo en la vindicación legal, sino en continuar honrando y recordando a las víctimas de unos de los capítulos más oscuros de la historia argentina.
