En un contexto donde la vida en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve cada vez más complicada debido al incremento de alquileres y precariedad habitacional, Carmen Sirano, referenta del Movimiento Territorial Liberación (MTL) y Secretaria General de la Regional Sur de la CTA Capital, ofrece un agudo análisis de la situación actual. “El problema habitacional no está desvinculado de otros temas”, comenta, subrayando el impacto de la informalidad laboral y la falta de programas de vivienda.
Sirano explica que la situación es agravada por el “incremento de la informalidad laboral” y señala la grave ausencia de programas de vivienda sociales efectivos: “No hay créditos de acceso reales, y los que existen son muy altos en dólares”. Agrega que durante el periodo en que la Comisión Municipal de la Vivienda luchó efectivamente por leyes que beneficien a los sectores más desposeídos, se lograron avances significativos, como lo demuestra la ley 341 de autogestión cooperativa que permitió a muchas familias acceder a una vivienda digna.
Sin embargo, advierte que las políticas habitacionales han decaído con el tiempo, dejando desprotegidos a muchos en los sectores más vulnerables: “La ley 341, una ley noble, ha sido vaciada”, protesta Sirano. Argumenta que estas carencias en políticas públicas refuerzan un sistema de “erradicación, expulsión y exclusión”, lo cual es cada vez más evidente con el aumento de desalojos en la ciudad. “La calle no es un lugar para vivir, ni menos para morir”, sentencia.
La problemática se profundiza con los desalojos que alcanzan cifras elevadas. “Son casi 500 desalojos y unos mil quinientos juicios iniciados”, revela. Narra cómo están siendo desalojados centros culturales, como el caso de Bonplan, pese a tener permisos legales vigentes otorgados por el mismo gobierno de la ciudad, lo que indica un ataque indiscriminado a lo que considera conquistas del “campo popular”.
A su juicio, este retroceso responde a una línea política que prioriza los intereses del mercado inmobiliario sobre el “derecho más elemental a una vivienda”. Comunicas que los comodos, previamente utilizados por organizaciones sociales para enfrentar el déficit de infraestructura estatal, hoy son despojados, indicando un giro en la política gubernamental que favorece al mercado por encima de las necesidades populares.
Sirano no escatima en críticas al gobierno actual, al que acusa de haber retirado progresivamente los espacios de apoyo a la comunidad, lo cual ha dejado a muchos vecinos en peligro de exclusión total: “Lo hicieron sin recursos, sin convenio, sin comodato, sin nada”, señala. “Es una neutralización de conjunto”, afirma, indicando que se busca desarticular cualquier resistencia a través de un ataque sistemático a las bases organizadas de la sociedad civil.
Detalla también las crueles consecuencias de la política de desalojos en villas: “Nadie habla del desalojo en villas, y nadie habla de cuánto cuesta un alquiler en ellas”. Describe escenarios donde los desalojados enfrentan violencia extrema y pérdida total de sus bienes más básicos. “El desalojo golpea, y no es que te vengan a golpear el cuerpo, es peor”, advierte, mencionando el costo psicológico de estas situaciones.
En conclusión, Carmen Sirano aboga por un retorno a políticas de vivienda inclusivas y participativas como solución definitiva a la problemática habitacional. “La ley 341 es el camino a seguir”, argumenta, insistiendo en la importancia de la autogestión y la ayuda mutua para superar el contexto adverso actual. Concluye su intervención instando a un compromiso colectivo para enfrentar estos desafíos y construir un futuro más equitativo para todos.
