El microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, conocido históricamente como el corazón financiero, comercial y administrativo del país, ha sido objeto de controversia en los últimos tiempos debido a la concesión de importantes edificaciones a empresas privadas. En particular, el caso del edificio del Plata ha generado indignación y debate.
La pandemia intensificó el vaciamiento de esta zona que ya veía un declive en las últimas décadas. Bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno, en diciembre de 2021, se sancionó la Ley 6.508. Esta normativa tenía como objetivo principal transformar el área céntrica de la ciudad, desarrollando viviendas, residencias universitarias, centros culturales, instalaciones deportivas y emprendimientos gastronómicos.
Esta transformación se presentaba como una oportunidad para mitigar la emergencia habitacional estructural que enfrenta la ciudad. No obstante, el poder político, que muchos consideran al servicio de las grandes corporaciones inmobiliarias y financieras, ha sido acusado de favorecer a los de siempre. Así lo retrata la entrega del emblemático edificio del Plata.
Ubicado en la estratégica Avenida 9 de Julio, el ex-edificio del Plata alberga un conjunto de oficinas que antaño alojaban importantes dependencias del gobierno porteño. Este edificio, vendido en una subasta por el gobierno porteño en 2016, fue adquirido por el Banco Hipotecario, la cara visible de IRSA, mayor terrateniente de Buenos Aires. La operación se cerró en 68 millones de dólares.
Ahora, IRSA está a punto de recibir un subsidio fiscal por 71 millones de dólares con el objetivo de reconvertir el inmueble en 720 departamentos, además de espacios destinados a comercios y actividades gastronómicas. Este subsidio fiscal implica que la ciudadanía porteña no solo perdió un edificio icónico sino que, de hecho, financiará con 3 millones de dólares adicionales a esta mega corporación para su proyecto de transformación.
Esta medida es parte de un plan más amplio. El polígono del microcentro delimitado por la Avenida Santa Fe, el Bajo, la Avenida Belgrano y la 9 de Julio es el epicentro de estas redefiniciones inmobiliarias impulsadas por el gobierno de la ciudad, que han causado una ola de críticas por favorecer a grandes empresas con amplios recursos económicos en detrimento de oportunidades para el resto de la población.
Otros proyectos emblemáticos también se benefician de generosos subsidios. Es el caso del edificio del Banco Turkins en Bartolomé Mitre al 500. Este lugar recibirá subsidios para su reconversión por un total de 18 millones de dólares. Igualmente, la Universidad del SEMA, situada en Suipacha al 600, obtiene prestaciones impositivas que alcanzan los 12 millones de dólares.
La situación se agrava con edificios fantasmas. Un inmueble, supuestamente ubicado en Alzina 730 y perteneciente a María Susana Álvarez, recibirá subsidios de 25 millones de dólares a pesar de que, según informes, el edificio no existe físicamente.
Estas decisiones levantan fuertes cuestionamientos sobre la gestión de bienes públicos en favor de entidades privadas, quedando la comunidad local en una posición crítica ante la pérdida de espacios valiosos que podrían haber servido para atender necesidades habitacionales reales.
La polémica en torno a este proyecto representa más que el hecho de transferir patrimonio público a manos de sectores multimillonarios. Se trata, en última instancia, del debate sobre cómo se utiliza la ciudad y para quién se transforman sus espacios. Mientras las corporaciones continúan beneficiándose, las quejas de la población resuenan cada vez más fuerte, exigiendo transparencia, igualdad de oportunidades y verdadera valoración de los recursos compartidos en la construcción de la Buenos Aires del futuro.
