Muñoz, quien vive inmerso en esta realidad, ha observado una serie de desarrollos cruciales en las semanas recientes. En una disputa legislativa que ha capturado la atención nacional, el Frente de Todos emitió un dictamen de mayoría a favor de sostener los artículos esenciales de la ley de alquileres y proponer regulaciones adicionales, mientras que Juntos por el Cambio busca alterar la ley para acortar el plazo de los contratos y liberar los precios.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema ha introducido un nuevo capítulo en este conflicto al estipular que las provincias tienen la potestad de determinar quién paga las comisiones inmobiliarias. “En Capital Federal, en La Pampa y en Río Negro ya las pagan los propietarios, no los inquilinos”, explica Muñoz, aunque en otras regiones sigue siendo una carga para los inquilinos. Este veredicto favorece a los inquilinos, ya que podría aliviar una de las cargas financieras significativas que enfrentan al alquilar un hogar.
Además, el panorama judicial ha presentado otra victoria para los inquilinos: las inmobiliarias fracasaron en su intento de cerrar la cadena inmobiliaria REMAX. “La justicia falló otra vez en contra de las inmobiliarias y autorizó que REMAX funcione”, informa Muñoz. Este fallo refuerza la posición de que, a pesar de los esfuerzos del lobby inmobiliario, el sistema judicial puede todavía actuar de manera imparcial.
Desde el crisol del conflicto legislativo y judicial surge un resurgimiento en la militancia de las organizaciones inquilinas. En diversas provincias, “se han activado asambleas inquilinas”, señala Muñoz, destacando los esfuerzos en lugares como Neuquén, Santa Fe, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo común es modificar las leyes para que las comisiones inmobiliarias se conviertan en una obligación únicamente de los propietarios. Este cambio, aunque puede parecer menor, representaría un ahorro significativo para los inquilinos que actualmente enfrentan tarifas prohibitivas.
Los proyectos de ley en marcha están comenzando a encontrar eco en distintos niveles legislativos. En Santa Fe, por ejemplo, ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados. “Estamos avanzando como estrategia de la Federación de Inquilino Nacional”, afirma Muñoz, mostrando confianza en que estos esfuerzos puedan rendir frutos a pesar de la oposición que enfrentan.
A medida que estas iniciativas ganan ímpetu, también lo hace la participación de la ciudadanía. Muñoz resalta una tendencia alentadora: “La participación está siendo muy alta y creo que tiene que ver sobre todo con el riesgo de que la ley se modifique”. Ante la noción tradicional de la vivienda como un derecho puramente individual, está emergiendo una visión más colectiva donde el acceso a un hogar digno se percibe como un derecho conquistado colectivamente.
La aparición de este cambio cultural, especialmente en un momento de profunda desigualdad y crisis de acceso a la vivienda, resalta la crucial importancia de las organizaciones vecinales como instrumentos para lograr derechos fundamentales. Muñoz reflexiona sobre el pasado cercano donde se creía que solo los más pobres sufrían problemas de acceso a la vivienda. Ahora, asegura, “este proceso de desigualdad tan fuerte amerita que reforcemos la idea de la organización”.
El panorama, sin embargo, no carece de complejidades. Las inmobiliarias han intentado sin éxito eliminar a REMAX del mercado, percibiéndola como una amenaza, dado que “REMAX está por fuera de cualquier regulación”, según Muñoz. Esto refleja las tensiones internas dentro del mercado inmobiliario, donde incluso los actores económicos tradicionales pueden verse presionados por nuevos modelos de negocio no regulados.
La cuestión central que enfrentan los inquilinos es la fragilidad legislativa donde Juntos por el Cambio, aliado con el interbloque federal de Graciela Camaño, posee los votos para cambiar la ley de alquileres. “La ley de alquileres es un poco víctima de esta situación en donde la Cámara de Diputados hoy es una Cámara de Diputados profundamente neoliberal”, reconoce Muñoz. Esta realidad política plantea un desafío significativo para aquellos que abogan por un enfoque más regulado y equitativo del mercado inmobiliario.
A pesar de estas complicaciones, la determinación de los inquilinos se mantiene firme. Con la crisis global de la vivienda llamando a las puertas, las organizaciones y activistas se encuentran en una encrucijada que determinará si el acceso a una vivienda digna será un derecho alcanzable para todos o si seguirá siendo un sueño elusivo en manos del libre mercado. En estos tiempos inciertos, la voz de lucha de los inquilinos resuena más fuerte que nunca: “A pesar del desencanto, a pesar de que parece que hay un sentimiento medio generalizado de que ya no sirve hacer absolutamente nada… más hay que militar”.
