María Eva Kousovitis, integrante de la CLIC, de la Salvador Herrera y de la CTA Autónoma de la Capital, se ha convertido en una de las voces críticas de esta iniciativa. “Nos repulsaba antes y nos repulsa aún más ahora que lo estamos palpando”, expresa Kousovitis, refiriéndose a la implementación de estas prácticas que según su perspectiva, han precarizado tanto el empleo como el sistema educativo.
Kousopitis explica que llevan adelante una campaña junto con cooperadoras y familias de la ciudad para garantizar una alimentación de calidad y nutritiva en los comedores escolares de las escuelas públicas. Este movimiento surgió en respuesta a la licitación de comedores escolares anunciada por el gobierno de la ciudad apenas una semana antes de que comenzaran las clases. Un proceso que, como denuncia Kousovitis, beneficiaría a las 19 empresas que desde hace dos décadas se reparten este “negocio multimillonario”. “El servicio de alimentación en las escuelas está privatizado desde la década del 90”, señala, indicando además que las condiciones de alimentación no han mejorado desde entonces. “No se cocina más en los comedores escolares, que no hay más alimentos frescos y cocinados del día a los cuales accedan quienes acuden a las escuelas públicas”.
Uno de los escándalos que más indignación ha generado es la diferencia abismal en los fondos destinados a la alimentación de estudiantes en comparación con la de los funcionarios. Mientras que para los desayunos de los estudiantes de las escuelas públicas se destinan solo 37 pesos, para los funcionarios, el gasto asciende a 710 pesos por evento. “Los estudiantes todos los días se debaten entre desayunar un mate cocido con una barrita de cereal de tercera marca o una magdalena ultraprocesada, los funcionarios en sus eventos desayunan desayunos nutritivos por 710 pesos”, denuncia Kousovitis, enfatizando en el “doble estándar” que impera en el gobierno porteño.
No menos alarmante es la revelación de que estas mismas empresas beneficiarias de la licitación de comedores escolares están involucradas en las pasantías que realizan los estudiantes de quinto año. Según la activista, esto representa una doble recompensa para estas compañías, que, además de obtener vastos contratos, emplean mano de obra gratuita, precarizando aún más el sistema educativo. “Estas pasantías gratuitas no son más que formas de precarizar no solo el empleo, sino también de precarizar nuestro sistema público educativo”, afirma con contundencia.
El trasfondo económico de esta situación no deja de ser inquietante. Se estima que este año las mencionadas empresas recibirán 12.000 millones de pesos por los servicios alimentarios, una cifra que contrasta de forma escandalosa con el presupuesto destinado a infraestructura escolar, que es cuatro veces menor. “Es una barbaridad y la verdad que semejante escándalo que no se convierta en un escándalo real en la opinión pública es llamativo”, sentencia Kousovitis, haciendo un llamado urgente a debatir y replantear todo el sistema.
El pago por el servicio de comedor a las empresas concesionarias tampoco escapa a las críticas de Kousopitis. En una ciudad donde el servicio está prenatalizado y arancelado, aquellas familias que no pueden demostrar una “suficiente pobreza” deben pagar hasta 7.000 pesos mensuales por el servicio de comedor. Este planteamiento, según la activista, no solo perpetúa un sistema injusto sino que lo refuerza a través de mecanismos que erosionan la calidad y la equidad en la educación pública. “Estas mismas empresas que pretenden emplear mano de obra gratuita con los estudiantes de quinto año, que son aportantes a las diferentes campañas de jefes de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y que además introducen en los comedores escolares alimentos ultraprocesados sin ningún valor nutricional”, denuncia.
Ante este complejo panorama, las organizaciones civiles y las familias han planteado la necesidad de una revisión y discusión completa del sistema alimentario en las escuelas de la ciudad. Uno que no esté regido por los intereses comerciales de unas pocas empresas, sino centrado en el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Al mismo tiempo, buscarán visibilizar y denunciar el entramado corporativo que se beneficia de las políticas públicas en detrimento de la calidad educativa y la dignidad laboral de los jóvenes.
La campaña que estas organizaciones han comenzado es apenas el inicio de una serie de iniciativas que buscan repercutir en la opinión pública y crear un espacio de discusión y cambio. Un esfuerzo por cerrar las brechas que persistentemente colocan a los sectores más vulnerables de la sociedad en posiciones de desventaja, mientras un reducido grupo continúa lucrando con los recursos estatales. La lucha por una educación y un sistema más justos apenas comienza y promete ser prolongada, pero para activistas como Kousovitis, no existe otra opción más que resistir y persistir en su objetivo.
