El problema saltó a la vista tras “el llamado de uno de los comuneros de la Comuna 13, el señor Diego Archive, que nos advirtió sobre situaciones que podían comprometer la seguridad pública y la de los vecinos”, explicó Pechman. A esto se suma la creciente preocupación y las denuncias directas de los vecinos, que, según el director de arquitectura de la Defensoría, buscan caminos para resolver “la problemática que refiere a la aparición de fisuras, de grietas, y en algunos casos mismos hundimientos”.
¿Dónde aparecen las rajaduras?
Las rajaduras “aparecen en la mampostería, en los cubos de mampostería, en las estructuras de hormigón armado”, y, según Pechman, la Defensoría está preparando “un informe que registra fotografías, imágenes, que realmente son bastante significativas”. Sin embargo, la causa precisa de estas anomalías todavía está por definirse.
“Para determinar esto, hace falta hacer pericia y estudio de suelo”, afirmó Pechman, quien recalca que “estamos hablando de suelos inestables, de suelos que son producto de relleno”. Esta indicación sugiere una posible vinculación entre la proliferación de nuevos desarrollos de gran envergadura y las perturbaciones geológicas observadas en la zona.
Los moradores locales han vinculado el inicio de estas complicaciones con la construcción del Sató de Libertador, un imponente edificio de 40 pisos. “Los vecinos dicen que esto pudo haber empezado cuando se construyó el Sató de Libertador”, añadió Pechman, señalando que este fenómeno coincide con la aparición de importantes obras que abarcan decenas de miles de metros cuadrados.
La magnitud del problema
La situación no está limitada a unas pocas cuadras. El área afectada, delimitada por avenidas tales como Del Libertador y las vías del ferrocarril Mitre, se extiende por una franja considerable del barrio. La magnitud del problema se ve reflejada en la cantidad de propiedades impactadas. Pechman señala que hasta la fecha, “suman 37 inmuebles” que han sido evaluados como parte de un muestreo representativo, permitiendo así “dimensionar el alcance de la problemática”.
Si bien las rajaduras más pequeñas pueden parecer triviales, Pechman advierte que algunas grietas son considerablemente “significativas”, llegando a alcanzar hasta “3, 4 centímetros”. Esto ilustra una severidad que amerita una pronta investigación y actuación de las autoridades competentes.
Acciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría, encabezada por María Rosa Muñoz, ha asumido un rol primario en la intermediación y asistencia a los vecinos afectados. “Nos exigió para tomar contacto directo con los vecinos afectados del barrio y por la gravedad que presenta el caso”, afirmó Pechman, quien está comprometido en “reconocer la magnitud de los deterioros reclamados”.
Para ganar perspectiva sobre la incidencia, el equipo ha estado realizando inspecciones in situ. Pechman destacó “el recorrido de algunos de los domicilios”, efectuado por expertos de la entidad para constatar la situación de forma presencial. Este escrutinio es esencial para justificar “la pronta intervención de la Guardia de Auxilio y Emergencia de la ciudad”.
Próximos pasos: Pericias y recomendaciones
A pesar de las complejidades técnicas, la solución pasa por un punto clave: la realización de un análisis exhaustivo del suelo. Como Pechman clarifica, “con estos estudios y pericias se podrán determinar las causas de las anomalías que estamos comentando”.
Con base en la información recopilada, la Defensoría se haya en proceso de emitir una recomendación formal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este documento abogará por llevar a cabo estos análisis críticos de los suelos y otras pericias necesarias, con el fin de “la posterior reparación de las consecuencias que reclaman los residentes”.
En conclusión, mientras persisten los esfuerzos por aclarar la causa y el curso de acción a seguir, la situación vivida por los vecinos del barrio de Núñez expone una preocupante realidad que podría reflejarse en otros sectores donde el desarrollo inmobiliario progresa sin el acompañamiento adecuado de planes de control de impacto ambiental y estructural. La Defensoría del Pueblo continúa comprometida con permitir que los ciudadanos afectados no queden desamparados frente a este fenómeno que afecta no solo sus viviendas, sino también su calidad de vida y seguridad.
