En un acto de protesta que refleja una profunda y prolongada frustración, los vecinos de un asentamiento ubicado junto al barrio Pampa en Lanús han tomado la decisión de bloquear el Puente Alcina. La medida busca visibilizar una problemática crítica: la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable y la electricidad. La comunidad exige que las autoridades proporcionen “una conexión segura en la red de AISA”.
Desde la perspectiva de los afectados, esta situación no solo es insostenible, sino que también es una cuestión de dignidad humana y salud pública. “Tengo vecinos que compran bidones de agua para bañarse, para tomar, para todo”, relata uno de los manifestantes, pintando un cuadro desesperante de las condiciones diarias que deben afrontar muchas familias. Esta afirmación subraya el impacto tangible y constante de esta carencia en la vida cotidiana de los residentes, quienes tienen que destinar una parte significativa de sus ingresos para adquirir un bien esencial que, en la mayoría de los casos, debería estar garantizado por el Estado.
A la falta de agua, se suma la habitual interrupción de la energía eléctrica, un problema que persiste sin que haya mejoras visibles. “No tenemos para cocinar, no tenemos para bañarnos”, recalcan los vecinos, una circunstancia que se agrava durante las épocas de calor cuando la necesidad de refrigeración y ventilación es supremamente urgente. Estos cortes afectan especialmente a las familias más vulnerables dentro del asentamiento, incluidos los ancianos y los niños, quienes son más propensos a sufrir complicaciones de salud por falta de acceso a recursos esenciales.
La interrupción del suministro de luz y agua tiene repercusiones sustanciales en la vida diaria de los habitantes. Sin electricidad, los electrodomésticos básicos dejan de funcionar, los alimentos no pueden conservarse adecuadamente y la seguridad del área se ve comprometida al caer la noche. Por su parte, la ausencia de agua potable obliga a las familias “a buscar alternativas costosas e insalubres para satisfacer sus necesidades básicas”, desde el aseo personal hasta la hidratación.
Los manifestantes destacan que “hay vecinos que tienen hijos, familias y no nos dan solución”. Esta declaración pone en foco el sentimiento de abandono y desesperanza que predomina entre los residentes del asentamiento. “Las autoridades están omitiendo un aspecto crucial de su responsabilidad: asegurar la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos”, enfatizan, comunicando una justicia social y una equidad que siguen siendo esquivas.
A pesar de los reiterados llamados a las autoridades locales y provinciales para que intervengan y resuelvan esta problemática, los vecinos no han recibido respuestas que consideren satisfactorias. “Existen compromisos formales de parte de los entes encargados, pero las soluciones se demoran indefinidamente, obligándonos a recurrir a medidas drásticas como cortes de carreteras para que nuestras voces sean escuchadas”. Esta frustración manifiesta muestra el deterioro de la confianza entre la comunidad y aquellos en posiciones de poder, alertando sobre una creciente brecha entre las promesas de mejora y su realización efectiva.
Ante la indiferencia percibida de las instituciones responsables, los vecinos sienten que no tienen otra opción más allá de la acción directa. El bloqueo del Puente Alcina se convierte no solo en una medida de protesta, sino en un grito de auxilio y un acto de resistencia. “Estamos aquí para hacer visibles nuestras luchas”, afirman, intentando captar la atención de una audiencia más amplia y señalar que sus derechos están siendo vulnerados.
El escenario se agrava aún más por el desconocimiento de cuándo volverán a contar con estos servicios básicos indispensables. “Vivimos con la angustia constante de no saber cuándo tendremos agua o luz nuevamente”. Esta inquietud perpetua contribuye a un clima de estrés y ansiedad generalizada entre los residentes, afectando su calidad de vida y bienestar emocional.
El puente que conecta Lanús, efectivamente, se ha convertido en un punto de convergencia donde se debaten temas fundamentales de justicia social, dignidad humana y los derechos básicos que toda persona debe tener garantizados. “Nuestra esperanza es que esta acción genere eco y provoque el cambio tan necesario, no solo para nuestra comunidad sino para todas las que enfrentan dificultades similares”, manifiestan con determinación los manifestantes.
Este tipo de problemas no es único del barrio Pampa y su zona aledaña. Las carencias en el servicio de agua potable y energía eléctrica son una realidad que afecta a numerosos asentamientos en diferentes partes del país. En este contexto, las voces de Lanús se alzan también por otras comunidades invisibilizadas por un sistema que a menudo ignora a quienes viven fuera de los circuitos urbanos más desarrollados.
Este conflicto pone de manifiesto la importancia de abordar de manera integral y sostenible las necesidades básicas de todos los ciudadanos, garantizando su acceso a una infraestructura adecuada y a unos servicios que son esenciales para vivir con dignidad. “Nuestra lucha solo terminará cuando tengamos una solución definitiva y podamos vivir como lo merecemos”, concluyen los vecinos, reafirmando su compromiso con la justicia y el derecho a una vida mejor.
El tiempo apremia y la necesidad de respuestas es urgente. A medida que el bloqueo continúa y la atención pública se concentra en los desarrollos de esta disputa, los vecinos de Lanús esperan que su mensaje resuene lo suficientemente fuerte como para provocar las acciones necesarias de quienes tienen el poder de devolverles el agua y la luz, y, con ello, la dignidad y la esperanza de un futuro mejor.
