El 2 de enero marcó el inicio del juicio en los tribunales de Dolores contra los ocho jóvenes, mayormente conocidos por el público como los “rugbiers”, pese a las reservas de algunos en cuanto a esta generalización. “No sé si llamarlos rugbyers”, es una reflexión que resuena mientras se intenta definir la identidad de los presuntos culpables. Lo cierto es que, estos siete hombres y una mujer, todos en sus veintes, están acusados de un crimen atroz: el homicidio de Fernando Báez Sosa, un joven de apenas 18 años, quien fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell.
El proceso judicial finaliza hoy, 6 de febrero, con la lectura del veredicto. La jornada está marcada por una gran expectativa debido a la “condena social muy fuerte” que recae sobre los acusados, una condena que, de alguna manera, “obvia todos los procesos legales que hacen falta para hacer una condena basada en pruebas”.
Este caso ha generado un ruido mediático comparable al de otros casos resonantes en el país, como el de Lucio Dupuy, un niño de cinco años asesinado por su madre y la pareja de ella, en un caso que también sacudió a la sociedad. La sentencia de este último fue contundente, aunque condicionada a un veredicto posterior respecto a la pena específica. Se anticipa que el fallo en el caso de Báez Sosa “va a traer más ruido”, sobre todo debido a la complejidad de juzgar a ocho imputados por un mismo crimen, lo que podría resultar en veredictos diferenciados, donde “necesariamente haya por un lado alguno más culpable que otro”.
La principal dificultad reside en cómo los jueces podrían probar más allá de toda duda razonable que todos los acusados compartieron “el mismo grado de responsabilidad” en el asesinato. La querella persigue una condena a perpetua, mientras que la fiscalía debe demostrar que los ocho golpearon a Fernando o participaron en un “plan para matarlo” con plena intención.
Las líneas de defensa también han sido diversas. Se ha alegado que fue un “homicidio en Riña”, teoría que requeriría demostrar que Fernando también agredió a alguno de los implicados, algo que, según expertos legales, “no está acreditado”. Otra posibilidad es la adjudicación bajo la figura de “homicidio con dolo eventual”, donde se sugiere que los acusados golpearon al joven sin prever que esas agresiones pudieran resultar en la muerte.
Cada una de estas vías legales presenta desafíos significativos, y las implicaciones del veredicto son diversas. En palabras de la defensa, “tienen que probar” las circunstancias específicas que el caso sugiere, mientras que un veredicto de culpabilidad para todos los implicados desafía las “otras categorías” legales, donde no se reconoce la evidencia equivalente entre los acusados.
Independientemente del fallo que se dicte, la sensación general es que el caso continuará en la agenda pública y judicial. “Pase lo que pase me da la sensación que el caso va a seguir porque son ocho los implicados”, reflexiona un analista. Las expectativas se centran en una resolución que no solo brinde justicia formal, sino que también permita que “Fernando Báez Sosa pueda sentirse reivindicado y descansar en paz”.
La sociedad argentina sigue de cerca este proceso, que se ha convertido en una especie de espejo que refleja las tensiones entre la sed de justicia y el rigor de la ley. Las cortes enfrentan el reto de equilibrar la emotividad del caso con la prudencia judicial, buscando una decisión que sea percibida como justa y adecuada por tanto para la familia de la víctima como para una sociedad que observa con el corazón en un puño. La resolución de este juicio en el tribunal de Dolores, sin duda, dejará una marca profunda en la memoria colectiva del país.
