Cada vez más, los discursos de odio impulsados desde ciertos sectores afines al gobierno encuentran un trágico eco en la violencia directa.
El pasado 29 de abril, un grupo de jóvenes, desde un automóvil sin patente, disparó contra personas en situación de calle. A pesar de que los agresores fueron identificados, el incidente se mantuvo oculta durante semanas. Este ataque, lejos de ser un hecho aislado, refleja un preocupante patrón de conducta que parece inspirarse en relatos de odio difundidos desde sectores afines al gobierno, e incluso desde el propio gobierno.
La relación de estos jóvenes agresores con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y el silencio las autoridades relacionadas con esta organización, así como otros funcionarios afines, añade una capa adicional de preocupación. No es la primera vez que los discursos de odio tienen consecuencias palpables. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se registraron episodios similares, como cuando simpatizantes del entonces presidente prendieron fuego a personas en situación de calle en Alberti y General Paz.
Más recientemente, Jorge Macri, jefe de gobierno, ha protagonizado campañas publicitarias que, aunque formalmente buscan promover la seguridad y el orden, a menudo recurren a la criminalización de sectores vulnerables. En un reciente spot, por ejemplo, se exhibe a la policía devolviendo objetos robados a sus legítimos dueños, un hecho presentado como novedoso, aunque forme parte de sus responsabilidades habituales. La puesta en escena, con damnificados evidentes que agradecen la actuación policial, parece más una estrategia para llenar un vacío de logros gestionarios, que una auténtica preocupación por la seguridad ciudadana.
Estas campañas y discursos genera un clima de deshumanización hacia las personas en situación de pobreza, presentándolos como culpables de la inseguridad y la degradación del espacio público. Se les atribuye el “ensuciar” la ciudad, “adueñarse” de los cajeros automáticos y crear incomodidades para los usuarios habituales. Esa narrativa de odio y exclusión es la que luego se ve reflejada en jóvenes que, armados y con autos sin patente, se sienten con el poder de actuar sin consecuencias.
Parece evidente que no cualquier ciudadano podría conducir un coche sin patente y disparar sin ser rápidamente arrestado. La impunidad sugiere la existencia de apoyos ocultos, tal vez institucionales, que permiten estas atrocidades.
La nota completa sobre esta preocupante tendencia se encuentra disponible en anred.org, medio comprometido con la realidad y la verdad, a diferencia de los llamados “medios concentrados” que suelen silenciar o distorsionar los hechos para mantener una imagen favorable del poder establecida.
Es hora de cuestionar profundamente los mensajes que difundimos y las políticas que respaldamos, ya que las palabras tienen el poder de transformar la percepción pública y, lamentablemente, también de desencadenar actos de violencia extrema.
