El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ha adoptado una polémica medida al concesionar espacios públicos de significativa importancia cultural e histórica. “Ha concesionado dos espacios públicos que nos pertenecen a todos los porteños y porteñas”, afirman críticos de su gestión, subrayando que estos espacios se han construido con el esfuerzo de la ciudadanía y los fondos del erario público.
Entre los lugares concesionados se encuentra el Obelisco, un ícono indiscutible de la capital argentina, erigido en 1936 y declarado Monumento Histórico Nacional en 2019. Este monumento ahora podrá ser explotado económicamente por un privado “a cambio de un pago que siempre es irrisorio”. El canon estipulado para esta concesión es de 14 millones y medio de pesos, una cifra que muchos consideran una “bicoca” en comparación con las potenciales ganancias que puede generar.
Jonathan Valdivieso, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, se expresa contundentemente al respecto: “Jorge Macri vuelve a demostrar su inutilidad en la gestión”. Según Valdivieso, la concesión del Obelisco es una muestra clara de la “privatización clásica del PRO”, donde obras construidas con fondos públicos son entregadas para la explotación privada sin una licitación transparente ni la debida consulta pública.
Esta concesión no solo ha ignorado la convocatoria a una Audiencia Pública, un paso obligatorio según la Constitución de la Ciudad, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno porteño para gestionar eficientemente sus propios recursos. “El Gobierno va a dejar en manos de un privado en qué condiciones los porteños y porteñas vamos a poder usar del Obelisco y de su mirador recientemente creado”, advierte Valdivieso, haciendo hincapié en la importancia de mantener con fines públicos un lugar de tal relevancia cultural e histórica.
La decisión de concesionar el Obelisco no se detiene en este monumento. También el mirador situado sobre la central de monitoreo, que ofrece vistas envidiables de la ciudad, será manejado bajo los términos de este acuerdo. Estos movimientos han reavivado el debate sobre la política de privatizaciones en Buenos Aires, en un contexto donde, según algunos sectores críticos, “cae el consumo en supermercados pero aumenta el consumo en entretenimiento”.
El enfoque en la rentabilidad a corto plazo sobre el valor cultural y social de estos espacios refleja, según los críticos, una gestión centrada más en “los negocios, la política para hacer negocios” que en el bienestar de la comunidad porteña. Esta preocupación se fundamenta en antecedentes de otras privatizaciones controvertidas en la gestión del macrismo, tanto a nivel local como nacional, donde se ha priorizado el lucro privado sobre la administración estatal de recursos.
Uno de los temas recurrentes en el debate público es la incapacidad, ya sea real o percibida, de la gestión actual para manejar eficientemente los recursos de la ciudad. “Ni siquiera es capaz de poner a personal calificado que lo hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para administrar nada más y nada menos que el obelisco porteño”, lamentan los críticos, sugiriendo que la concesión resulta de una falta de confianza en la capacidad administrativa interna del gobierno local.
La controversia, por otro lado, enciende una luz sobre una tendencia más amplia y problemática: la de ver y tratar el patrimonio público como una mera oportunidad de ingresos rápidos en vez de un recurso de valor incalculable para la identidad y el bienestar de los ciudadanos. “Esta Administración no es siquiera capaz de arrogarse la administración del ícono más importante o uno de los íconos más importantes de esta Ciudad”, reafirma la denuncia contra la carente gestión estatal que podría, de hecho, revitalizar espacios icónicos como estos sin necesidad de recurrir a privatizaciones.
El Observatorio de Derecho a la Ciudad ha comenzado a llevar a cabo acciones legales para detener la privatización, argumentando que no solo compromete la accesibilidad pública al patrimonio cultural, sino que también sienta un precedentes preocupante para futuras administraciones y gobiernos.
A medida que aumenta la presión por una revaluación de esta decisión, el futuro del Obelisco y su rol como espacio público en la capital argentina permanece incierto. Lo que queda en evidencia es la necesidad de un diálogo abierto y transparente sobre cómo se gestionan y protegen los activos culturales de la ciudad: un diálogo que refleje realmente las preocupaciones y deseos de los peruanos y peruanas, y no solo el beneficio de unos pocos.
En última instancia, el desenlace de esta concesión será observado de cerca no solo por su impacto inmediato sino también por lo que simboliza para el futuro de las políticas de patrimonio y la manera en que se conciben las iniciativas de desarrollo urbano en Buenos Aires. La expectativa de quienes defienden lo público es que este caso se convierta en una catalizador para una nueva era de gestión más participativa, transparente y orientada al bien común.
