El detonante de esta situación fue el cierre de un jardín maternal que compartían dos establecimientos educativos secundarios nocturnos en un barrio de la Ciudad. Este espacio, vital para estudiantes de bajos recursos que continuaban sus estudios en horarios no convencionales, ha sido etiquetado por legisladores como “un hecho de máxima gravedad”, afectando a una población particularmente vulnerable. La excusa oficial para estas decisiones ha sido una supuesta baja natalidad en la ciudad, argumento que busca justificar el recorte y la disminución de la oferta educativa inicial.
El contexto de estas políticas no es nuevo para Buenos Aires, que lleva casi dos décadas bajo administraciones que, según críticos, han “reducido año a año” el presupuesto destinado a educación y salud. En este marco, “el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se ha empeñado en implementar recortes que, aunque por momentos se han visto acompañados de gestos simbólicos, como la inauguración de obras escolares, no han frenado el avance de cierres y recortes en el sistema educativo.
Los cuestionamientos sobre la gestión educativa porteña van más allá de la reducción de espacios en jardines: se destacan también acciones como “la suspensión del boleto gratuito universitario”, “la reducción de viandas escolares”, y procedimientos más rigurosos para “justificar las licencias médicas de los docentes”, entre otras medidas que afectan directamente la calidad y accesibilidad de la educación en la ciudad.
La problemática se intensificó con la llegada de Javier Milay a la presidencia y la consecuente realineación de fuerzas en el ámbito local, lo que algunos gremios interpretan como una oportunidad para profundizar el ajuste sin mayores resistencias. En este sentido, la administración local ha utilizado el contexto nacional para justificar y avanzar con reformas que ya se venían gestando en las sombras.
Las voces discordantes no han tardado en hacerse oír. Por ejemplo, el legislador Andrés Lablunda, quien junto a otros colegas, ha levantado la bandera en defensa de la educación pública presentando un “pedido de informes” ante la legislatura porteña. Este documento busca esclarecer las razones del cierre y exigir responsabilidades a un gobierno que, con la excusa de la “baja natalidad”, está cerrando instituciones necesarias para las comunidades más desfavorecidas.
A pesar de los primeros pasos en la legislatura, el panorama para el próximo año anticipa un escenario aún más adverso para las familias porteñas, que verán disminuidas las vacantes en el nivel maternal. Este déficit forzará a muchas a buscar opciones privadas que están fuera de su alcance económico, agudizando desigualdades ya existentes. Las críticas apuntan a “la incapacidad del gobierno” para generar políticas efectivas de repoblamiento y de incentivo a la natalidad, como las que se observan en otras partes del mundo.
“En otros países tienen políticas al respecto”, se lamenta un observador, haciendo referencia a estrategias vistas en China o diversas naciones europeas, donde se incentiva económicamente a las familias a tener más hijos. En contrapunto, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires parece más enfocada en “perdonar impuestos a los ricos, a los empresarios”, en vez de invertir en las futuras generaciones que sostendrán el sistema laboral y productivo.
La situación actual de los jardines de infantes porteños es, en muchos sentidos, un reflejo micro de tensiones más amplias, donde los ajustes económicos y las decisiones de política pública impactan de lleno en las comunidades más vulnerables. Los bachilleratos populares, sostenidos casi completamente por organizaciones sociales y sindicados, son otro ejemplo de cómo la educación, en lugar de ser un derecho garantizado por el estado, depende de la buena voluntad y la militancia de sectores que se resisten a ver caer la calidad y accesibilidad educativa.
De cara a este panorama, el desafío para aquellos que abogan por un sistema educativo inclusivo y sostensible es, más que nunca, llevar su voz a las instancias políticas donde se debaten y deciden estos temas. El trabajo de legisladores como Andrés Lablunda y otros pares que alzaron el guante ante las recientes clausuras son una luz de esperanza en medio de un contexto complicado. Sin embargo, la batalla por una educación pública robusta y accesible promete ser larga y requerirá de un esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo actual.
