El movimiento de paro que tuvo lugar los días 17 y 18 de marzo, alcanzó un acatamiento superior al 90%. El consenso entre los trabajadores de la educación superior es claro: la situación salarial y el ahogamiento presupuestario han sobrepasado todos los límites tolerables. “La inflación no existe para las universidades”, expresa Staiti, señalando que se está operando bajo presupuestos prorrogados desde 2022 y que esta continuidad se estirará imprudentemente hasta 2026, sin considerar la inflación galopante que afecta a todas las esferas de la economía.
La comunidad universitaria enfrenta la realidad de trabajar con presupuestos “reconducidos” del año pasado, mientras los sueldos ya no alcanzan el poder adquisitivo necesario para vivir dignamente. Según Staiti, “en los 15 meses que hemos trabajado, es como si 5 meses no nos hubieran pagado. Hemos trabajado 5 meses gratis”, una comparación directa y sencilla para ilustrar el grave déficit salarial.
Además de los salarios, la investigadora universitaria denuncia un desfinanciamiento masivo en áreas críticas: “no hay presupuesto para investigación en la universidad”. Esta situación se torna alarmante, ya que el 60% de la investigación científica y tecnológica en el país se produce dentro de las universidades nacionales. Las crecientes necesidades y el mínimo reconocimiento económico no solo afectan a docentes y no docentes, sino también a estudiantes, quienes ven cómo se deterioran servicios esenciales como becas, comedores y el bienestar universitario en general.
El sector también sufre las consecuencias en el ámbito de la salud. Las obras sociales universitarias y los hospitales que dependen de estas instituciones han caído en una crisis presupuestaria profunda. Todo el sistema de atención sanitaria para trabajadores, profesorado y estudiantes vive una constante precariedad, que alcanza incluso servicios básicos.
A pesar de que las universidades y sus trabajadores mantuvieron el sistema educativo a flote en medio de la pandemia, transformando sus hogares en aulas, no fue suficiente para que el gobierno brinde un reconocimiento justo. Staiti recuerda que “hoy el menosprecio, la subestimación y que se refleja en el tema salarial de este gobierno, la verdad que duele mucho, es doloroso”. La declaración de docentes y administrativos como trabajadores esenciales durante este difícil período no se tradujo en una mejora en las condiciones de trabajo, ni mucho menos en un incremento salarial digno.
Incluso, en un modesto logro, pudieron conseguir que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo reconocieran la casa como lugar de trabajo ante posibles accidentes laborales, una victoria importante aunque limitada frente a tantos otros desafíos por resolver. No obstante, la desconexión, una conquista relevante frente a las extenuantes jornadas laborales remotas, sigue siendo un derecho necesario que necesita atención continua.
La convocatoria de paritarias, esencial para negociar condiciones dignas y discutir el contexto actual, se ha quedado en el tintero desde septiembre del año pasado. Francisca Staiti explica que ni siquiera han logrado “reunirnos con el gobierno”, lo cual agrava la sensación de falta de atención y desinterés por parte del Ejecutivo Nacional frente a las peticiones de los educadores.
¿Qué sigue ahora para este sector en conflicto? Staiti revela una agenda de lucha que conectará con otras fechas clave para la movilización social y política en el país, como el 24 de marzo, una fecha emblemática para los derechos humanos en Argentina. Además, el paro general anunciado por la CGT representa una oportunidad para volcar en el espacio público las demandas latentes de quienes forman la columna vertebral del conocimiento en la nación.
Mientras la clase trabajadora aguarda que el paro general se materialice, el sector educativo sigue comprometido a encontrar la medida adecuada de acción para lograr sus objetivos. La unión con estudiantes, rectores y otras autoridades universitarias será vital para asegurar que las voces que claman por un cambio estructural sean escuchadas.
Desde las calles y frente a los ministerios, miles de docentes seguirán defendiendo sus derechos con fervor y determinación, exigiendo respuestas a un gobierno que aún no ha abordado el reclamo de manera significativa. De esta manera, la lucha para dignificar la labor educativa y garantizar un futuro sano para las universidades nacionales persiste, y su desenlace sigue siendo un tema urgente para toda la sociedad argentina.
Este esfuerzo colectivo y las futuras movilizaciones serán un llamado explícito al gobierno para actuar antes de que la situación se torne insostenible. Como Francisca Staiti motivó, “seguimos ahora en la calle de la lucha”, un lugar que conocen bien pero que anhelan abandonar en favor de condiciones laborales más justas y un reconocimiento salarial que honre la dedicada labor de quienes educan a las futuras generaciones.
