El INTA, una institución de renombre en Argentina, se encuentra “absolutamente intervenida”, según describió Boedo. La situación llegó a un punto crítico cuando el Consejo Directivo, órgano decisor del instituto, comenzó a desplegar “mecanismos a puertas cerradas y a espaldas de los trabajadores” para implementar cambios radicales en la estructura del organismo.
Este Consejo Directivo, que teóricamente debía operar con un equilibrio entre el sector público y privado, ha acrecentado la confusión respecto a sus verdaderas inclinaciones. Boedo explicó que “lo público y lo privado (…) está bastante confuso, porque quienes votan también son del sector público”. Esta ambigüedad ha facilitado acciones que podrían derivar en “desguace del organismo y despidos a espaldas” de los trabajadores.
Julieta Boedo remarcó la gravedad de la situación al describirla como un momento de “crisis institucional”. En un ejemplo claro de opacidad en la gestión, se canceló una reunión ordinaria del Consejo Directivo justo antes de dos jornadas de lucha programadas por los trabajadores. “Lo que quieren hacer es llevar adelante un plan de desguace”, afirmó Boedo, un plan que el colectivo laboral ha resistido desde que la ofensiva se intensificó el pasado noviembre.
El conflicto ha adquirido una capa adicional de complejidad con la creación de “una Secretaría nueva” que absorberá competencias cruciales de áreas preexistentes del INTA, tales como la Dirección Nacional, generando así “control total del organismo” en términos de evaluación y diseño de políticas. Esta reestructuración podría culminar en la fusión del INTA con el INTI, lo que supondría un cambio radical en la misión y operación de la institución.
El INTA, cuya misión es central en el ámbito agropecuario argentino, está siendo amenazado por intereses que los trabajadores califican como “el negocio inmobiliario” y por presiones derivadas de eventos como la Expoagro. Esta exposición agrícola, donde se congregan los líderes de la industria agropecuaria, habría sido el propulsor de “presiones” para cambiar el curso de acción dentro del INTA.
Boedo subrayó la necesidad de preservar el modelo de funcionamiento del organismo, uno que beneficia no solo a grandes productores sino también a pequeños agricultores y comunidades rurales. “Estamos hablando de un modelo que, si esto avanza, es un INTA pequeño para los grandes productores”, advirtió, enfatizando la importancia de que el Estado mantenga su presencia en el territorio para apoyar a las familias que más lo necesitan.
El alcance territorial del INTA es un aspecto fundamental de su operación, proporcionando soporte a los pequeños productores “con semillas, con conocimiento, con desarrollo también teórico y práctico”. No obstante, este modelo inclusivo enfrenta el riesgo de ser reemplazado por un enfoque que prioriza los intereses de grandes corporaciones.
Además de resistir los cambios propuestos, los trabajadores no han estado solos. Diputados como Germán Martínez y Daniel Goyán han mostrado su apoyo, y se están “tejiendo redes en todo el país”. La situación ha llevado incluso a unificarse a trabajadores y directivos en la lucha contra la reestructuración no consensuada.
En un giro irónico, mientras que cargos directivos dentro del INTA han sido históricamente ocupados por personal de carrera, ahora se está viendo la “incorporación de gente que viene a dedo”, causando daños a la institucionalidad de un organismo cuya existencia está anclada en una ley que hace que esta intervención sea, en muchos sentidos, ilegal.
A pesar de las “trabas desde la mirada jurídica”, la resistencia continúa. Las jornadas de acción, como las reuniones frente a la sede central del INTA, son solo una parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar la ofensiva gubernamental.
Con el futuro del INTA pendiendo de un hilo, los trabajadores llevan adelante un esfuerzo por dar a conocer esta problemática. “Estaremos acá en cada reunión, es una vez por mes que se llevan adelante estas reuniones. Acá nos van a tener, como nos tienen hace meses”, prometió Boedo, reafirmando el compromiso de los empleados con la misión original del instituto.
La lucha por el INTA y por el modelo inclusivo que representa continúa en Buenos Aires, y aunque el enfrentamiento con el gobierno es desafiante, las herramientas legales y la solidaridad colectiva seguirán siendo las bases sobre las que los trabajadores apoyarán su defensa. La intervención al INTA es más que una crisis institucional; es una amenaza al modelo agropecuario que históricamente ha servido de soporte técnico y humano a las comunidades más vulnerables del país.
