En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los problemas ambientales más complejos y antiguos es el saneamiento del Riachuelo. Este río, que atraviesa una de las zonas más densamente pobladas de la región, lleva más de un siglo acumulando contaminación. Lisandro Teszkiewicz, Auditor General de la Ciudad por el Peronismo, decidió arrojar luz sobre la situación actual en uno de sus más recientes informes.
Desde 2008, una sentencia de la Corte Suprema ordenaba al Gobierno Nacional, al de la Provincia de Buenos Aires y al de la Ciudad, solucionar los problemas ambientales del Riachuelo. Sin embargo, Teszkiewicz señala que el progreso ha sido escaso. “Nosotros hoy en el Riachuelo, aún con los avances que ha habido, tenemos el foco de contaminación ambiental más grande de la ciudad”, afirma.
El problema no solo reside en el agua turbia y los desechos visibles. El informe detalla que “necesitamos limpiar el suelo, pero además, necesitamos restaurar la salud de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires que viven a la vera del Riachuelo”. Parte de esta restauración implica la reubicación de las familias que residen al borde de este contaminado curso de agua. Un mandato obligado que, según el informe, se ha cumplido de manera insuficiente.
De las 1.700 familias que necesitaban ser reubicadas en 2013, aún quedan 1.102, y en el último ejercicio anual auditado, el informe muestra que solo se dio solución a dos familias. “En 12 años el proceso ha sido muy lento”, señala Teszkiewicz, criticando la inacción gubernamental.
La gravedad del asunto se agudiza con la revelación de la manipulación de fondos por parte del gobierno de la ciudad. Según el Auditor, el 60% del presupuesto estipulado para el saneamiento del Riachuelo fue utilizado en otras áreas sin relación directa con el proyecto. “La ciudad de Buenos Aires le informa a la Corte Suprema y a ACUMAR como que ese dinero lo hubiera utilizado para el saneamiento del Riachuelo”, sostiene. Acusaciones que se vuelven más serias cuando el informe destaca que el gobierno “le mintió a los legisladores porteños […] y después le mintió a la Corte Suprema” al informar sobre estas partidas presupuestarias.
El impacto de estas irregularidades es evidente no solo en la lentitud del proceso de reubicación, sino también en la falta de atención a la salud de quienes todavía viven a orillas del río. Los controles de salud han sido disminuidos significativamente. Uno de los más cruciales, el control del plomo en sangre, fue abandonado hace dos años. “Nosotros no tenemos estadística y no podemos evaluar el nivel de contaminación en la sangre de las personas que viven ahí”, critica Teszkiewicz, quien también recalca la importancia de la salud ambiental y lo esencial de estos indicadores para “planificar y tomar decisiones sobre atención a la salud”.
Este abandono de obligaciones básicas no solo perjudica a los residentes cercanos al Riachuelo, sino que socava la salud pública de toda la ciudad. “No tenemos los análisis del estado del agua, no tenemos los análisis de impacto ambiental de las obras que está haciendo AUSA para mejorar el saneamiento del Riachuelo”, denuncia.
Más preocupante aún es el hecho de que, del 40% del presupuesto realmente relacionado con el Riachuelo, solamente un 37% fue invertido en las obras necesarias. Esto no solo refleja una gestión deficiente, sino que “el Riachuelo no avanzó como debería haber avanzado”. Es una muestra de cómo las prioridades políticas pueden estar desalineadas de las necesidades urgentes de los ciudadanos.
Estas revelaciones arrojan una sombra sobre la gestión de un problema que afecta significativamente la salud y el bienestar de miles de habitantes de Buenos Aires. No se trata únicamente de un descuido administrativo; es una cuestión de derechos humanos básicos. Al no garantizar un ambiente seguro y saludable, la ciudad de Buenos Aires falla en proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
El informe sobre el Riachuelo es un llamado urgente a la acción. Es un examen crítico no solo de una crisis ambiental centenaria sino también de la estructura burocrática que, en lugar de resolver problemas, parece perpetuarlos. “El gobierno pretende que eso sea tarea de los propios médicos”, comenta Teszkiewicz sobre la problemática misión de mantener precisas estadísticas de salud. Sin embargo, la falta de datos adecuados no solo es un problema logística, sino que refleja una “decisión estructural de la ciudad de no generar información para que no puedan ser controlados”.
La situación del Riachuelo es un espejo de cómo se pueden desenfocar los recursos cuando la burocracia y la política manipulan prioridades. Es hora de que el saneamiento del Riachuelo sea retomado con urgencia y sinceridad, no solo como un objetivo ambiental, sino como un compromiso ineludible con los derechos y la salud de los habitantes de Buenos Aires.
