En el ya emblemático barrio Rodrigo Bueno, localizado estratégicamente frente a Puerto Madero y junto a la Reserva Ecológica, se vivió un dramático episodio cuando las fuerzas de seguridad ingresaron para ejecutar un desalojo que, según el Observatorio de Derechos Humanos, no debía llevarse a cabo. “Ningún habitante que está en un barrio popular, que se encuentra en ese registro, puede ser desalojado por el uso de la fuerza pública”, afirma Jonathan Valdivies, quien ha denunciado la ilegalidad del acto.
Desde el año 2018, la Ley 27.453 regula los derechos de los habitantes de los mal llamados ‘barrios bajos’ o ‘villas’, ahora reconocidos como ‘barrios populares’. Esta normativa establece que “ninguna persona puede salir de su casa sin su consentimiento, y sin que el Estado le garantice una solución habitacional definitiva”, subraya Valdivies. Sin embargo, estas disposiciones parecen haber sido ignoradas en la reciente acción gubernamental.
Políticas locales versus normativas nacionales
La postura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante este marco legal ha sido motivo de consternación y crítica. Se argumenta, desde el poder local, que las leyes municipales tienen prevalencia sobre las normativas nacionales en cuestiones de gestión urbana. “El gobierno piensa que al poner en leyes propias la Ciudad de Buenos Aires no se aplica esa ley nacional”, explica Valdivies, quien califica esta actitud como un total “sin sentido”.
El conflicto básico radica en el choque entre la perspectiva de gestión autónoma que promulga la ciudad y los estándares nacionales que buscan proteger los derechos de las poblaciones en situación vulnerable. Así, con una interpretación poco convencional del ordenamiento jurídico, la administración de la ciudad avanza en su agenda urbanística sin considerar el perjuicio a las comunidades.
Implicancias y actores involucrados
La ubicación del barrio Rodrigo Bueno lo convierte en un blanco codiciado para los desarrollos inmobiliarios. “Este barrio, sus tierras son muy codiciadas, está entre la Reserva y el futuro Puerto Madero”, comenta Valdivies, aludiendo al proyecto que contempla transformar la zona en un área de alto valor comercial, dominada por grandes desarrollos como el proyectado por la empresa Irsa.
El enfrentamiento refleja una lucha de intereses donde las necesidades de las familias, que podrían quedar en la calle, se entrelazan con la presión de compañías inmobiliarias y proyectos de infraestructura que prometen “desarrollo” a costa de la exclusión social. “El gobierno ahora necesita esos terrenos”, indica Valdivies, en un claro ejemplo de la tensión existente entre las políticas de desarrollo y los derechos humanos.
La reacción del gobierno y las comunidades
El operativo por parte del gobierno, tildado de represivo e inaudito, intenta, sin autorización judicial, generar temor e incertidumbre entre los residentes. “El gobierno hizo todo un operativo policial para avanzar, generar miedo y que esas familias queden en situación de calle”, denuncia el observador de derechos humanos.
Este accionar, que incluso ha causado roces dentro de las propias fuerzas del orden, como lo ilustra la intervención de la policía contravencional para frenar el atropello, no es un suceso aislado. Es parte de un patrón donde la fuerza pública es utilizada como herramienta de intimidación, en un juego de poder que afecta directamente a los más desprotegidos.
Inmutabilidad política y el futuro de los barrios populares
Pese a la reiterada violación de derechos y las protestas de los habitantes, “¿cómo es que no le pega nada? No tiene ningún costo político”, se pregunta Valdivies, refiriéndose a la longevidad inalterada del partido en el poder en Buenos Aires. “La impunidad que tiene”, señala con frustración, reflejando un sentir común de desamparo entre las comunidades afectadas.
En una reflexión filosófica más amplia, el caso ejemplifica una tendencia preocupante donde los avances urbanos y las decisiones administrativas se priorizan sobre la dignidad y el bienestar ciudadano. “La oleada de no importa violar las leyes, total no pasa nada”, denuncia el activista de derechos humanos, evidenciando el deterioro del respeto por los marcos regulatorios en favor de intereses privados.
Este episodio del barrio Rodrigo Bueno es, por tanto, un claro recordatorio de los límites en los que operan las administraciones locales frente a los derechos fundamentales protegidos por la constitución y las normativas nacionales. La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos deberán mantenerse vigilantes ante la evolución de estos eventos, cuya resolución marcará un precedente para la lucha por la igualdad y la justicia en los procesos de urbanización.
