En un contexto social y económico ya fragilizado, el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 383 del 2025 emitido por el Poder Ejecutivo ha encendido las alarmas sobre los límites de las funciones policiales en Argentina. Esta medida, presentada como una reforma al Estatuto de la Policía Federal Argentina, extiende las facultades de la fuerza, otorgándoles capacidades que muchos consideran reminiscentes de un estado policial más que de una democracia moderna.
Ampliación de Facultades Policiales
El decreto permite a la Policía Federal detener a individuos por hasta diez horas con el objetivo de verificar antecedentes, sin la necesidad de una orden judicial previa. La preocupación más inmediata y visceral es la posibilidad de que estas detenciones se utilicen de manera arbitraria, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad que carecen de recursos para defender sus derechos.
Además, las fuerzas de seguridad ahora pueden realizar registros personales exhaustivos y llevar a cabo actividades de ciberpatrullaje, permitiéndoles explorar redes sociales, páginas web y otras fuentes abiertas en busca de información que consideren relevante.
Lo que causa una inquietud considerable es la capacidad de realizar allanamientos y tareas de espionaje sin necesidad de intervención judicial, lo cual podría significar un peligroso precedente para la privacidad de los ciudadanos. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, permitiendo el acceso a cantidades ingentes de información personal, el temor sobre el uso indebido de estas herramientas es palpable.
Contexto Social y Económico
Este decreto se emite en un contexto donde la protesta social ha aumentado. La crisis económica, reflejada en la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad creciente de muchas familias para llegar a fin de mes, ha generado un clima de descontento social que amenaza con cristalizarse en movilizaciones masivas. Es en medio de estas tensiones que muchos analistas ven el decreto como un intento de “disciplinamiento social”, un esfuerzo por parte del gobierno para disuadir las movilizaciones y mantener el orden de manera proactiva.
Diversos sectores, incluyendo partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y sindicatos, han manifestado su preocupación. La CTA Capital ha expresado su más enérgico repudio, argumentando que la medida amedrenta a la ciudadanía y busca generar un clima de miedo y represión.
Voces críticas y apoyo al decreto
Sin embargo, no todos son críticos del decreto. Algunos sectores del gobierno y la sociedad civil sostienen que, en vista de la creciente inseguridad y la amenaza de desorden social, medidas como estas son necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El Ministro de Seguridad destacó la importancia de otorgar a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para controlar situaciones de riesgo antes de que se tornen incontrolables.
Por otro lado, figuras prominentes del ámbito político han argumentado que la medida es desmedida y contraria a los principios básicos de una sociedad democrática. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros líderes de partidos opositores, ha condenado el decreto, instando a la comunidad internacional a observar lo que consideran un claro retroceso en las libertades civiles y los derechos humanos.
El riesgo del “efecto boomerang”
Los opositores más acérrimos del decreto advierten sobre el riesgo de lo que llaman un “efecto boomerang”. La represión excesiva y el miedo pueden no solo reprimir temporalmente las movilizaciones, sino intensificar el descontento social, provocando un estallido mayor a futuro. En lugar de prevenir la disrupción social, estas medidas podrían encender la chispa de un conflicto más profundo y sostenido.
Históricamente, los intentos de controlar a la población mediante leyes estrictas y vigilancia ampliada, sin el respaldo y aceptación de la ciudadanía, han fracasado. Es posible que, frente a la sensación de violación de sus libertades, los ciudadanos se organicen para desafiar la autoridad de una manera más resuelta y sostenida.
Un llamado a la reflexión
En medio de este clima denso y polarizado, es esencial que haya un espacio para el diálogo abierto y significativo entre las autoridades y la ciudadanía. Si bien la seguridad es, sin duda, una prioridad para cualquier gobierno, también lo son los derechos básicos de los individuos. Encontrar un balance entre estos dos aspectos no es tarea sencilla, pero es necesaria para evitar una crisis aún mayor.
Ante este panorama, la sociedad civil debe mantenerse vigilante y activa en la defensa de sus derechos, mientras que el Estado debe trabajar para asegurar que sus medidas sean proporcionales, justificadas y transparentes. Solo así se podrá preservar el delicado equilibrio entre mantener el orden público y proteger la libertad individual.
En última instancia, este debate no solo afecta la situación actual, sino que sentará un precedente para el futuro de las políticas de seguridad en Argentina. El camino hacia adelante requiere de un compromiso firme con los valores democráticos, un compromiso que asegure que las medidas tomadas hoy no ahoguen las aspiraciones de libertad y justicia de mañana.
