La reciente auditoría realizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ha sacado a la luz una problemática persistente y crítica en la capital argentina: la falta de programas y estructuras adecuadas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Este informe no solo destaca la ausencia de medidas presupuestarias específicas, sino también deficiencias en la infraestructura existente, como rampas mal construidas y la ausencia de normas que contemplen la accesibilidad física en edificios históricos y museos.
Desde la puesta en vigencia de la Ley 962, las promesas de accesibilidad universal han sido difíciles de materializar. Esta ley subraya la “importancia del acceso universal a edificios públicos, plazas, parques y vías peatonales”. Sin embargo, la auditoría reveló que “44 de las 45 rampas relevadas no cumplían con la normativa vigente”, evidenciando que la situación está lejos de ser ideal. Esta falta de cumplimiento no solo incumple con los estándares legales, sino que también presenta un riesgo significativo para la seguridad de las personas con movilidad reducida.
El informe agrega que se han detectado “obstáculos físicos que interrumpen la accesibilidad y generan entornos inseguros”. Este tipo de deficiencias, como una rampa mal diseñada, puede llevar incluso a que “una silla se vuelque”, poniendo en peligro a quienes dependen de ellas. Además, a pesar de la existencia de programas generales de administración de patrimonio y museos, no hay iniciativas específicas y financiadas adecuadamente para asegurar la plena accesibilidad.
Este problema se enmarca en un contexto de tensiones políticas. “No solo la Libertad de Avanza recorta presupuestos en áreas sensibles… el PRO comparte esa característica de ajuste”, resalta una crítica presente en el informe. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como municipal, han sido apuntados por su falta de interés en las necesidades de las personas con discapacidad, una omisión que resuena como un eco amargo para las organizaciones sociales y ciudadanas que desde hace mucho tiempo luchan por el reconocimiento de los derechos.
Con una escena política convulsionada y ante la falta de interés visible por parte de las autoridades, movimientos sociales y ciudadanos comprometidos se preparan para hacer oír sus voces en una inminente movilización. Se espera que las organizaciones sociales, populares, sindicatos, y una amplia representación ciudadana acudan al Congreso para exigir pasos concretos y acción por parte de los representantes del pueblo. Los manifestantes exigirán, entre otras cosas, que se “de marcha atrás con el veto presidencial para la emergencia en discapacidad” y se detenga el deterioro de las políticas de jubilación y de salud pública.
Las calles de Buenos Aires son el escenario donde se refleja la necesidad urgente de atender estas cuestiones. “Nuestro pueblo va a estar ahí porque nunca nada… metió al pueblo adentro de la casa”, se expresa con firmeza, demostrando la determinación de la sociedad civil de no retroceder en los derechos adquiridos y continuar presionando por las mejoras necesarias.
A medida que el descontento social crece, con “los comedores comunitarios no estando capaces de proveer comida como antes” y con una parte significativa de la población enfrentando problemas cotidianos cada vez más flagrantes, la relación entre las autoridades y la sociedad civil enfrenta un desafío crucial. La respuesta de los gobiernos ante estas manifestaciones determinará no solo el futuro de la accesibilidad en la ciudad, sino también la dirección de las políticas sociales en un momento crítico para Argentina.
El llamado es claro y contundente: más allá de las ideologías políticas, se requiere un compromiso firme para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plenamente accesible y digna en todos los ámbitos de sociedad. Las promesas de desarrollo y progreso deben incluir, sin excepciones, a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que más dependen de la protección y el respaldo estatal.
