“AISA es la empresa que se ocupa de brindar el servicio de agua y de cloaca a 15 millones de habitantes que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense”, señala Koutsovitis, enfatizando la importancia vital de esta organización. No obstante, a pesar de su utilidad esencial, la compañía se encuentra en el centro de una tormenta política y económica debido a su inminente privatización.
La narrativa de esta controversia comenzó a forjarse cuando, el año pasado, se sancionó una nueva ley que coloca a AISA en una posición clara para ser privatizada, como lo establece su artículo 7. Este acto legislativo es solo el inicio de una serie de decisiones gubernamentales que incluyen la eliminación de subsidios a tarifas residenciales, lo que ha provocado un alza de hasta el 1500% en las mismas.
La situación parece agravarse más con la reciente comunicación de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien anunció el inicio formal del proceso de privatización de AISA, basándose en argumentos que Koutsovitis califica como “totalmente mentirosos”. Según ella, la empresa no representa una carga financiera para el Tesoro Nacional, sino todo lo contrario, ya que “durante el año pasado la empresa AISA dio ganancia”.
Es importante recordar las consecuencias previas de la privatización en el sector del agua. La experiencia con Aguas Argentinas en la década del 90, uno de los casos más notorios de privatización en la historia del país, resultó en desastres económicos y sociales. La empresa privada no solo falló en cumplir con sus promesas, sino que también comprometió la salud pública al suministrar agua contaminada. “Por eso volver a repetir esta historia no tiene ningún sentido”, expresa Koutsovitis con previsible exasperación.
El plan del gobierno para AISA se vuelve aún más perturbador cuando se detalla que el 90% de las acciones de la empresa serán transferidas a capitales privados. Además, un reciente decreto de necesidad y urgencia modifica radicalmente las condiciones de acceso al agua, eliminando obligaciones de expansión de servicios en áreas desfavorecidas y permitiendo cortes de servicio por morosidad.
Koutsovitis plantea que “si te atrasas más de 60 días en el pago de una factura, solamente una, te van a cortar el servicio”. La nueva normativa excluye cualquier responsabilidad de las futuras empresas privadas de expandir los servicios a zonas no rentables, condenando así a muchos barrios populares.
La reacción ciudadana ha sido inmediata. Organizaciones ambientales y sociales se movilizan para frenar esta privatización percibida como regresiva e injusta. “La participación popular es, por lo menos, la herramienta que tenemos a mano”, resalta Koutsovitis, explicando que ya se han reunido más de 5.000 firmas oponiéndose al decreto, y se espera reunir 10.000 para presentarlas al Congreso de la Nación.
Más alarmante aún es la perspectiva de los derechos humanos involucrados. Eva Koutsovitis ha sido clara sobre el hecho de que “nuestra Constitución consagra el derecho al agua como un derecho humano”. Dejar que se transgreda este derecho mediante decretos acelerados y decisiones sin consulta previa va en contra de los principios fundamentales abrazados por la sociedad argentina.
La privatización de una institución como AISA, que no solo suministra agua, sino el derecho a una vida digna y saludable, debería examinarse desde una perspectiva más crítica y respaldada tanto por análisis económicos cuanto por consideraciones éticas y de bienestar social. Dada la historia de privatizaciones fallidas en Argentina, este giro no solo es un déjà vu indeseado para muchos ciudadanos, sino una posible pesadilla económica y sanitaria.
En este contexto, la comunidad tiene la palabra. La organización, las firmas, y las acciones concretas son necesarias para desafiar la orientación de este proceso y garantizar que los derechos básicos permanezcan protegidos y accesibles sin importar el estatus o la capacidad de pago de uno.
La lucha por el agua en Buenos Aires y sus alrededores representa más que el control de un recurso natural; se trata de la gobernanza de los derechos humanos fundamentales en un momento donde decisiones apresuradas podrían tener repercusiones a largo plazo. Es vital, entonces, que la comunidad, el gobierno, y todos los actores pertinentes reflexionen profundamente sobre el camino a seguir, asegurándose de priorizar la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos en el proceso.
