En Buenos Aires, el ambiente está cargado de tensión. Durante los últimos 500 días, bajo la administración del gobierno de Javier Milei, se han registrado alarmantes cifras de represión estatal y paraestatal contra manifestantes y sectores organizados de la sociedad. Esta represión no solo es una respuesta física y violenta a manifestaciones pacíficas, sino que también representa un modelo político y económico que intenta “reestructurar la economía y la sociedad tal cual la veníamos conociendo”, según explicó Jimena Frankel, coordinadora del monitor de respuestas represivas estatales o paraestatales a la protesta social del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
El monitor ha documentado, durante estos 500 días, más de 33 represiones contra la protesta social, resultando en al menos 2,395 personas heridas. Esta violencia ha tenido un enfoque particular en los jubilados. En los primeros cinco meses del año 2025, de los 20 miércoles durante este periodo, “12 hubo represiones a estas protestas”. En consecuencia, se reportaron 230 arrestos y 1,206 manifestantes heridos. Alrededor de esa represión, se encuentra también la violencia directa hacia quienes cubren estos eventos, con numerosos casos de ataques a periodistas, incluidos casos graves como el del periodista Pablo Grillo, lo que resalta un intento del gobierno por “destruir sus herramientas de trabajo” y enviar “un claro mensaje a no querer que se reproduzca” cómo las fuerzas de seguridad actúan en estas situaciones.
Las fuerzas de seguridad en Buenos Aires han sido activas protagonistas durante las protestas de los jubilados. En un miércoles reciente, “las Fuerzas de Seguridad de la Ciudad” no sólo usaron balas de goma, sino que también aplicaron gas pimienta directamente contra los periodistas. El incidente apunta a un nivel de represión que amenaza la salud y seguridad de los periodistas, buscando impedir la difusión de la manera en que las fuerzas del orden reprimen a los manifestantes.
El núcleo del problema radica en que las actuales políticas del gobierno parecen estar provocando más agitación que resolución. Frankel comentó sobre las respuestas del gobierno como un intento de “vaciar de derechos” mientras las manifestaciones y protestas se mantienen firmes. Cada nueva represión evidencia que el gobierno tiene “una intención de destruir sus herramientas de trabajo”, refiriéndose al ataque sistemático a la prensa y la obstaculización de su labor durante estas manifestaciones.
Además, durante este año, el gobierno no solo ha reprimido a los jubilados, sino también a “las personas con discapacidades”, y ha sido especialmente violento en contextos que deberían estar protegidos, como protestas pacíficas o reuniones sindicales. Las fuerzas de seguridad han actuado en concordancia con órdenes que buscan disciplinar con métodos brutales. “Por otra parte, también podemos pensar que existe esa avanzada porque también las respuestas, la sistematicidad de la lucha, la presencia de los reclamos, del ejercicio, de la huelga, está muchísimo más presente durante este año”, señala Frankel.
Analizando los últimos reportes, pareciera que hay una estrategia dirigida no solo a suprimir las manifestaciones de descontento, sino también a “dispersar a la muchedumbre”, enfocando su violencia incluso en aquellos que simplemente están pidiendo condiciones de vida dignas. Por ejemplo, los logros en derechos obtenidos a través de años de luchas sociales están siendo en riesgo por políticas neoliberales que intentan “reestructurar” las economías locales y globales.
El gobierno de Milei, hasta ahora, ha demostrado capacidad organizativa en la represión de protestas, pero su capacidad para realmente implementar medidas que pacifiquen a la población mediante la política y no la violencia es limitada. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sintiendo el “asesamiento tanto de nuestros derechos laborales, de la destrucción de puestos de trabajo, del recorte de políticas públicas, que empuja a que los sectores populares tengan que destinar cada vez más tiempo de su vida para poder garantizar la reproducción de su existencia”.
Las experiencias durante estos 500 días han mostrado que, aunque se aplique severamente la represión, “la intención de este gobierno es tanto vaciar de derechos, forzarnos a tener que dedicar más tiempo para garantizar nuestra existencia”, y además disciplinar a través de la fuerza, no ha cumplido su propósito de disuadir completamente las protestas. Los sectores populares parecen estar más organizados y decididos que antes en sus esfuerzos por resistir.
En conclusión, el clima político en Buenos Aires los últimos años refleja una escalada en la conflictividad y la represión, pero también un contundente ejercicio del derecho a la protesta por parte de los ciudadanos. Con cada nuevo operativo represivo, los derechos de los más vulnerables son puestos en juego, y mientras el número de víctimas continúa creciendo, las críticas tanto domésticas como internacionales hacia el gobierno de Milei probablemente se intensificarán. Frente a un panorama tan incierto, la resistencia popular parece ser no solo una respuesta lógica, sino también necesaria.
