El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se convierte nuevamente en el epicentro de una encrucijada política y jurídica tras la introducción del decreto 462, una medida que, según Julieta Boedo de la Coordinación Nacional de ATE, constituye “directamente un ataque a toda la ciencia y tecnología”. Este decreto no solo afecta al INTA, sino que también pone en jaque a otros organismos y áreas del Estado, según Boedo.
El decreto 462 propone una disolución y reestructuración que transforma varias entidades en meras “unidades organizativas”, desviando su autonomía al hacerlas depender directamente del Ministerio de Economía. Para Boedo, “esto no es otra cosa que el cientificidio que vinieron a plantear desde el principio”. La preocupación principal radica en el poder conferido a una sola figura, el presidente del INTA, quien obtendría facultades que antes pertenecían a un Consejo Directivo, creando un riesgo significativo de decisiones unilaterales.
El rechazo parlamentario, un respiro momentáneo
El reciente rechazo del decreto en la Cámara de Diputados ha sido un alivio parcial, pero no decisivo. El proceso se traslada ahora al Senado, cuya postura determinará en gran medida el destino final del decreto. “Esto nos da aliento porque faltaría entonces el estado de situación actual a la espera de los senadores”, señala Boedo. Una decisión favorable en el Senado podría anular todos los efectos adversos desencadenados desde la publicación del decreto.
La posibilidad de que el Gobierno judicialice el proceso, en caso de un rechazo definitivo, no ha pasado desapercibida para Boedo y sus compañeros. “Lo que se sospeta es que si esto también se va a caer, bueno, lo van a judicializar desde el Gobierno. Así que no se va a terminar acá”, advierte.
Resistencia activamente judicial
Mientras esperan la resolución parlamentaria, la respuesta del gremio ha sido múltiple y enérgica. “Existe, de hecho la presentamos a… un recurso de amparo”, afirma Boedo al referirse a las acciones judiciales interpuestas junto al sindicato Apinta. Sin embargo, pese a su urgencia, el tribunal aún no ha expresado una resolución, dejando el tema en una especie de limbo legal.
Federalismo en riesgo
Uno de los aspectos que más preocupa es cómo estos cambios amenazan la “federalidad del INTA”. Explica Boedo, “si este decreto… atenta contra la federalidad del INTA y de toda la comunidad”, lo que tendría ramificaciones serias para las provincias, que podrían ver reducidas sus capacidades de apoyo y extensión rural. Las decisiones centralizadas desde el poder ejecutivo van en detrimento de las necesidades locales, poniendo en riesgo tanto la investigación como la capacitación de los productores locales.
Para muchas comunidades rurales, el impacto sería inmediato y significativo. “Suponte, si vos sos un productor que tenés que acceder, necesitas una semilla con una variedad vegetal y que no te funcionó la que tenías, bueno, tenés que ir mil kilómetros”, describe Boedo, pintando una imagen clara del potencial desamparo al que podrían enfrentarse los trabajadores del campo.
Voz unificada, frente común
A pesar de lo sombrío del panorama, Boedo resalta la unidad entre los trabajadores del INTA y otros actores afectados en su lucha contra el decreto. “Como trabajadores y en vínculo con la comunidad, estamos tratando de voltear y tirar abajo este decreto”, enfatiza. A través de la colaboración con la mesa agroalimentaria y las entidades rurales, se busca generar un frente lo suficientemente fuerte como para revertir la actual situación.
Conclusión
El futuro del INTA está más que nunca en manos de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. La expectativa ahora recae en el Senado y en el poder judicial, cuyo accionar será determinante. En este juego político y administrativo, los trabajadores no solo luchan por la preservación de las instituciones, sino por la integridad del conocimiento científico-técnico y la soberanía agropecuaria. Mientras tanto, Julieta Boedo y su equipo permanecen en alerta, decididos a proteger lo que consideran un bastión de investigación y desarrollo imprescindible para el país.
