Desde la asunción de Javier Milei en el ámbito nacional, la situación de los derechos humanos en Argentina ha sido fuente de incesante debate y confrontación. En sus propias palabras, su administración se describe como una iniciativa para “destruir el Estado desde adentro”, lo cual, según críticos y analistas, podría compararse con la acción de un “topo que se come desde adentro los gobiernos”. Esta declaración, aunque provocadora, refleja una serie de políticas que han impactado duramente en los sectores más vulnerables, tal como lo ha señalado Carlos Scali, integrante de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de la Capital.
El gobierno de Milei ha sido acusado de “romper la cabeza de quienes se opusieran”, afectando gravemente a quienes han participado en distintas movilizaciones, desde jubilados hasta personas con discapacidad que exigen el respeto de sus derechos. Scali destacó la gravedad de la situación, enfatizando que las manifestaciones no solo han sido reprimidas, sino que han resultado en incidentes en los que “gente uniformada gasea a menores de edad”, causando lesiones severas a los participantes, ejemplificado por el caso de Pablo Grillo, herido casi de muerte.
En este contexto, se debatió y sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, diseñada para aliviar la profunda crisis que enfrenta este colectivo. Scali explicó que dicha ley busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, facilitando el acceso a asistentes terapéuticos, psicopedagogos y otros profesionales que proveen un nivel adecuado de inclusión para las personas con discapacidad. Sin embargo, el veto presidencial a esta legislación ha generado gran controversia y rechazo, especialmente cuando el Congreso se pronunció nuevamente en contra del veto, publicando la ley en el Boletín Oficial.
La situación es inaceptable y refleja un “maltrato estatal” hacia las personas con discapacidad. La realidad actual muestra un sistema “totalmente desfasado”, con instituciones al borde del cierre debido a las deudas acumuladas. La propuesta de la ley es clara: actualizar el nomenclador a valores reales, ajustando por inflación para “reconstruir el sistema de apoyo a las personas con discapacidad”. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el impacto fiscal es relativamente mínimo, estimado en solo el 0,02% del PBI, cifra comparable con las retenciones recientemente condonadas al sector agropecuario.
Las organizaciones de discapacitados han dejado claro que no cesarán en su lucha, persiguiendo estrategias de judicialización y apelando al Congreso para que se llame a rendir cuentas al Jefe de Gabinete por no asignar partidas presupuestarias necesarias. “La discapacidad es una cuestión de derechos humanos”, subraya Scali, recordando que estos están garantizados por la Constitución Nacional y que su incumplimiento podría requerir que el presidente “vete también la Constitución”.
Para analistas y activistas, es imperante que el gobierno escuche y actúe en consecuencia para salvaguardar estos derechos. Como lo menciona Scali, la esperanza es que los funcionarios del gobierno de la Libertad Avanza presten atención a este testimonio y actúen en el interés de un sector que desesperadamente necesita apoyo y reconocimiento. Mientras tanto, la comunidad sigue comprometida en hacer llegar su mensaje, esperando que “algo de esta realidad los toque y provoque el cambio necesario”.
Esto no solo subraya un llamado a la acción dentro de las estructuras gubernamentales, sino que también revela una cuestión fundamental sobre el futuro del país: cómo asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades o necesidades, tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades necesarios para una vida digna y plena. Mar del Plata, como reflejo del país, está lista para continuar luchando por la inclusión y la igualdad.
