La criminalización de la protesta social en Argentina está bajo el foco de atención este viernes, cuando tendrá lugar la audiencia preliminar que dará inicio al juicio contra 27 jóvenes imputados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Este acto se remonta a 2018, durante una protesta contra los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Mauricio Macri, y ha abierto un debate sobre la legitimidad y las repercusiones legales de las acciones de los estudiantes.
“Esto busca castigar a los que luchan”, afirma Blanca Barreiro, abogada de la gremial de abogados, subrayando la percepción de que estas medidas judiciales no solo pretenden sancionar actos específicos, sino también desincentivar futuras expresiones de descontento social. La causa ha adquirido una dimensión simbólica que trasciende a los individuos juzgados, envolviéndose en una lucha más amplia entre la juventud argentina y las políticas gubernamentales.
Paralelamente, en Buenos Aires, se vive un panorama similar. Las autoridades de la ciudad más rica del país están imponiendo multas a estudiantes por tomas de colegios que tuvieron lugar en 2021 y 2022. Estas acciones de protesta surgieron a raíz de las deplorables condiciones edilicias en las escuelas de la ciudad. “En las escuelas hay ratas, cucarachas, se cae la mampostería, se cae el techo, se electrifican las paredes y demás”, denuncian los estudiantes y la comunidad educativa.
Ante la falta de respuestas efectivas, los estudiantes tomaron las instalaciones escolares. Durante el tiempo que duraron las tomas, no solo protestaron, sino que también se dedicaron a arreglar “esas paredes, esos bancos, ese mobiliario”. Sin embargo, lejos de ser vistos como actos de resistencia legítima y proactiva, estas tomas fueron recibidas con intentos de represión. “La RETA los quiso reprimir. Le mandó la policía adentro de los colegios y su ministra, Soledad Acuña, no tiene mejor idea que ahora tratar de enjuiciarlos”, destaca una voz crítica en torno a las medidas adoptadas por el gobierno local.
El caso de los estudiantes en Córdoba y Buenos Aires ofrece una visión clara de la tensión persistente entre el derecho a protestar y la respuesta represiva del Estado. Estas situaciones reflejan un contexto más amplio en el que los jóvenes parecen estar en el ojo del huracán de un conflicto que enfrenta a la sociedad civil con unas estructuras gubernamentales vistas como opresoras. Las voces disidentes dentro del sistema escolar y universitario se levantan contra lo que perciben como una gestión deficiente y punitiva, alimentando un círculo de protesta y represión.
Este conflicto no solo se limita a los aspectos legales y judiciales. También tiene un componente social y político significativo. La penalización de estas protestas se enmarca en la administración de gobiernos que, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, comparten “una fuerza similar” en términos ideológicos y metodológicos. “Los amigotes”, como son denominados por los críticos, parecen favorecer una línea dura para enfrentar el descontento popular, buscando afianzar un control autoritario frente a la resistencia civil.
En este escenario, la sociedad observa con atención el desarrollo de los juicios y las repercusiones que estos puedan tener en la libertad de expresión y de protesta en Argentina. Las acciones legales contra los estudiantes no solo representan un desafío para los imputados y sus defensores, sino también una prueba para la democracia argentina y su capacidad de manejar el descontento social sin recurrir a medidas coercitivas que, según sus detractores, solo agravan la situación.
La comunidad educativa, junto con varias organizaciones de derechos humanos, sigue denunciando las malas condiciones de las infraestructuras escolares y las medidas represivas como signos de un malestar más profundo. A través de protestas y tomas, buscan visibilizar problemas que consideran urgentes y que, a menudo, son ignorados por las autoridades. La acusación y persecución judicial de estos jóvenes es vista por muchos como un intento de silenciar esas voces disidentes, una táctica que podría resultar contraproducente al generar una mayor movilización y solidaridad entre los sectores más críticos de la sociedad.
El destino de los 27 jóvenes de Córdoba y de los estudiantes sancionados en Buenos Aires es incierto. Sin embargo, en el proceso, están poniendo sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre el derecho a la protesta, la calidad de la educación pública, y el manejo de la disidencia por parte del Estado. Este juicio es, sin duda, un hito en la lucha por los derechos civiles en Argentina y una posible señal de lo que está por venir en términos de confrontación entre las políticas gubernamentales y las demandas populares.
En conclusión, la criminalización de la protesta estudiantil en Argentina está generando un clima de debate intenso y polarización. Las autoridades parecen decididas a mantener una línea de represión que podría tener consecuencias a largo plazo para la cohesión social y la legitimidad de las instituciones democráticas. En contraste, los jóvenes y sus defensores jurídicos y sociales luchan por reivindicar su derecho a protestar y mejorar las condiciones de vida y estudio en el país. Lo que ocurra en las próximas semanas será crucial para entender la dirección en la que se encamina esta disputa.
