En un contexto donde la problemática de las personas en situación de calle cada vez recibe más atención mediática, surge también la necesidad de escuchar voces expertas que analicen la situación desde las trincheras de la defensa de derechos humanos y la investigación social. Milena Zapey, psicóloga e investigadora social, integra el equipo Sociabilidades por los Márgenes de la Facultad de Psicología y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC). En su reciente intervención, Zapey habló de las múltiples caras de la vulnerabilidad y las violencias que atraviesan las personas que se encuentran sin hogar en nuestra sociedad.
La Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle es un grupo de organizaciones que se reúnen con el fin de tejer recursos colectivos destinados a visibilizar y abordar la problemática de la gente en situación de calle. “Nos empezamos a juntar así como asamblea un poco en el país de la pandemia”, comenta Milena Zapey. Este escenario de emergencia sanitaria agudizó aún más la situación precaria en la que viven muchas personas y resaltó la necesidad de una acción organizada y solidaria.
Uno de los momentos más destacados del año para esta Asamblea es la presentación del *Registro Unificado de Violencia* (RUV), un informe que compila datos sobre las violencias que enfrenta esta población. Este año, la presentación coincidió con el *Día Latinoamericano de la Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle*. A pesar de las dificultades para encontrar un lugar adecuado para la presentación, la Facultad de Ciencias Sociales acogió el evento, algo que Zapey describe como “una mesa muy conmovedora”.
Para profundizar en las dimensiones de esta violencia, Zapey mencionó que “los datos son importantes para la exigibilidad de derechos, pero también con las historias, ¿no? Porque detrás de los datos de cada persona que registramos, de cada persona que contamos, hay una historia, una vida”. Estos informes no solo se centran en cifras, sino que buscan humanizar las estadísticas, señalando tragedias individuales y comunitarias.
Las cifras oficiales muchas veces están lejos de la realidad cotidiana. Según datos del gobierno, hay unas 4.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un dato que las organizaciones consideran muy por debajo de la realidad documentada por sus propios censos. Esta discrepancia se debe a un “subregistro muy grande” y plantea una problemática metodológica y política significativa.
La política pública de la ciudad, aunque se muestra como pionera en la atención de las personas en situación de calle, también tiene sus limitaciones y controversias. Milena Zapey señala que las acciones de la Red de Atención y los denominados paradores a menudo tienen un carácter restrictivo y punitivo, mencionando un incremento del 500% en la violencia institucional en el último informe del RUB. “Hubo un 500% de aumento de la violencia institucional. Ese fue el dato más fuerte con el que nos encontramos cuando hicimos el informe, la verdad”, detalla Milena.
Al hablar específicamente de las políticas públicas, Milena es crítica: “Es la única ciudad que tiene todos los dispositivos […] que hegemonizan el abordaje que tienen que ver con los llamados paradores. Por más que uno le cambie el nombre y le ponga que es de Inclusión Social, no deja de ser un parador”. Además, enfatiza que en los últimos años, la confrontación entre las políticas de asistencia y las de orden ha sido evidente. Ejemplifica con el cambio en la política de entrega de frazadas, donde la misma administración daba una frazada y luego el área de Espacio Público la quitaba.
La violencia institucional y los desplazamientos forzados son una constante que la Asamblea ha documentado y denunciado. “Se diría todas las vías en realidad, y hubo un 500% de aumento de la violencia institucional. Ese fue el dato más fuerte con el que nos encontramos”, comenta Zapey. Además, las amenazas y el hostigamiento por parte de algunos actores estatales son alarmantes, con situaciones en las que trabajadores de la salud son presionados para internar a personas en situación de calle sin justificación médica, volviéndose prácticas que reproducen viejas y criticadas normas manicomiales.
Finalmente, la problemática es compleja y multifactorial. “La gente está en calle por motivos que son diversos, digo, no es lineal”, dice Zapey. La pobreza estructural, la falta de acceso a la vivienda, y la precarización laboral son factores determinantes en muchos casos. Durante la pandemia, muchas personas quedaron en la calle debido a la crisis económica, engrosando aún más una cifra que ya era preocupante.
La necesidad de políticas integrales y inclusivas que aborden la situación desde un enfoque de derechos humanos es urgente. Como sugiere Zapey, “hay que empezar también a romper esos mitos de que la gente está en la calle porque quiere, y poder ir desarmando también esos discursos que vienen apareciendo desde los funcionarios al respecto de las personas hechas en situación de calle”. La responsabilidad es de todos: gobierno, organizaciones y ciudadanía.
En conclusión, el trabajo de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y los informes que presentan son pasos fundamentales para visibilizar y actuar ante una realidad que no puede ser ignorada: la humanidad y los derechos de las personas en situación de calle deben ser reconocidos y protegidos.
