En un contexto de creciente pobreza e indigencia, la situación en los barrios populares de Argentina está alcanzando niveles alarmantes. La movilización de ayer hacia el Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evidencia la desesperación de las comunidades más afectadas. Según varias organizaciones sociales, “la situación es gravísima, no sólo de la ciudad sino de todo el país”.
La acción estuvo marcada por la presencia de diversas organizaciones sociales como la FENAT, la CTA Autónoma, el MAR, Libres del Sur, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras. Estas organizaciones se concentraron en Juncal y Pellegrini para exigir un inmediato reabastecimiento de alimentos a comedores y merenderos comunitarios.
“La gente está, no sólo con hambre, sino que se está empezando a pelear, pobres contra pobres, hambrientos contra hambrientos, porque la comida de los comedores que aún permanecen abiertos, no alcanza”, exclamó uno de los manifestantes.
La crisis alimentaria ha tocado fondo en diversas comunidades, llevando a situaciones de desesperación donde los sectores más vulnerables luchan entre sí por los escasos recursos disponibles. Ante este panorama, se supo que “hay envíos, pero no son lo que eran, y la plata, digo, la comida, no alcanza”. La falta de alimentos ha exacerbado una crisis que ya es crítica, agravando las tensiones y aumentando la desesperación.
En una reunión que lograron mantener con un funcionario del Ministerio de Capital Humano, se les reconoció que “todavía están evaluando qué plan de reparto van a implementar”. Mientras tanto, las organizaciones sociales denuncian que “con ocho millones de indigentes, la comida se pudre en los galpones”. Esta acusación subraya la ineficiencia y negligencia en la gestión de los recursos alimentarios, que deberían estar en camino a las mesas de quienes más los necesitan.
La movilización no fue una acción aislada, sino una respuesta a meses de gestión deficiente. “Ya son muchísimos meses de esta gestión que mantiene sin alimentos a nuestros comedores comunitarios, en momentos donde la pobreza crece a pasos agigantados”, argumentaron los manifestantes. La frustración se exacerba con la percepción de que la crisis en los barrios populares es ignorada, mientras que se acumulan recursos que no llegan a los destinatarios finales.
Un testimonio impactante señaló que “tenemos siete de cada diez pibes en los barrios que se acuestan sin comer”, poniendo en relieve una realidad inadmisible. La falta de alimentos en los comedores comunitarios es un reflejo de una política que no cubre las necesidades básicas de su población más vulnerable.
Por si fuera poco, los alimentos que permanecen en los galpones están en condiciones deplorables. “Lo que sabemos es que los alimentos están en malísimas condiciones, que se están pudriendo, que están rodeados de caca de animales”, denuncian los representantes de las organizaciones. La falta de cuidado en la manutención y distribución de los alimentos cuestiona seriamente la capacidad y la voluntad del gobierno para enfrentar esta crisis alimentaria de manera efectiva.
Adicionalmente, la Fundación CONIN, aliada del gobierno, “le tuvo que pedir ayuda a algunas organizaciones sociales para repartir la leche en polvo”, resaltando la falta de coordinación y colaboración dentro del mismo aparato estatal y sus asociados.
Mientras tanto, las causas judiciales contra miembros del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) siguen pendientes, lo cual añade una dimensión de criminalización de la protesta social a la ya tensa situación. “Hay muchísima falta de mérito para el procesamiento, pero todavía no están absueltos”. La persecución judicial se presenta como una herramienta de intimidación y desmovilización, en lugar de enfrentar y solucionar los problemas estructurales que originaron la crisis.
Los allanamientos a domicilios de los referentes del FOL, “despertando durante la madrugada a niños, niñitos pequeños”, se refieren a prácticas alarmantes de criminalización de la protesta. “Como si se tratara de narcos, narcos, dicho sea de paso, a los que nunca allanan”, comparan los denunciantes, sugiriendo una estrategia de distracción de problemas estructurales y negligencias gubernamentales a través de la represión.
La denuncia subraya una paradoja lamentable: mientras “una Ministra de Capital Humano, sentada sobre un montón de recursos, alimentos, comida”, se obstina en no liberar estos recursos, comunidades enteras padecen hambre a niveles críticos. Los “alimentos que se dejan pudrir bajo el excremento de los gatos que pululan por el galpón” son una metáfora cruda de una gestión fallida que genera más sufrimiento en los sectores marginalizados.
Este conflicto no sólo evidencia la profunda crisis alimentaria y social que atraviesa Argentina, sino también la resistencia de organizaciones que no están dispuestas a quedarse calladas ante la ineficiencia y negligencia de una política pública que debería estar orientada a salvar vidas.
La situación en los barrios populares es un llamado urgente a la acción. Según los testimonios y denuncias, “la inflación está bajando y que vamos a estar mejor” es un mensaje que no se corresponde con la dura realidad que viven millones de argentinos. Es hora de que los responsables de la distribución de alimentos actúen con la responsabilidad y urgencia que la situación requiere, para evitar que más personas caigan en la desesperación y el hambre.
