El Hospital Bonaparte, destacado por su enfoque en salud mental y con problemas físicos, ha sido pionero en la implementación de la Ley de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires. En 2012, 2013 y 2015, sufrió una transformación significativa que marcó un antes y un después en el tratamiento de salud mental en la ciudad. Sin embargo, tal legado está amenazado tras la reciente noticia de un posible cierre. Fernández Camacho subraya la gravedad de la situación: “es como atacar el corazón de un hospital, cerrar una internación es como casi, te deja margen para absolutamente nada”.
La decisión de cerrar partes del hospital, según se ha divulgado, se basa en consideraciones “estadísticas”, aunque las fuentes de estas cifras no han sido presentadas ni a los trabajadores ni a la comunidad. Esta falta de transparencia ha generado inquietud e indignación, percibiéndose las estadísticas esgrimidas como argumentos economicistas y productivistas que no contemplan el impacto humano y social de tal medida. “No sé quiénes manejan las cuentas estos muchachos […] son cuentas que quizás en la NASA las podrían dilucidar”, critica Leonardo Fernández Camacho, delegado general de ATE del hospital, respecto a los datos económicos presentados por el gobierno que justificarían el cierre.
Ante esta amenaza, el sector sindical, encabezado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la comunidad han demostrado una organización y solidaridad extraordinarias. “Una ola y una marea de amor, de solidaridad, de todo lo que te puedas imaginar”, describe el delegado general sobre el apoyo recibido durante el fin de semana en el que decidieron permanecer en el hospital como medida de resistencia. La respuesta fue masiva no solo de los trabajadores, sino también de distintas agrupaciones sindicales, políticas y de vecinos que se acercaron para proveer víveres y apoyo constante.
Este nivel de movilización y visibilidad ha permitido abrir un canal de diálogo con las autoridades gubernamentales. Tras una intensa negociación de más de tres horas con el ex Ministerio de Salud, diluído dentro del Ministerio de Capital Humano, se acordó la “normalización del funcionamiento de todos los servicios del hospital, la continuidad de los contratos y la creación de una mesa de trabajo conjunta con las autoridades para debatir los términos de la reestructuración que se plantea”. Esto representa un logro significativo para los defensores del hospital, que veían en la amenaza de cierre un ataque no solo a sus puestos de trabajo, sino al acceso de miles de pacientes a servicios esenciales de salud mental.
Fernández Camacho resalta que la lucha no solo concierne a las condiciones laborales, sino también a la defensa de un sector de salud mental que se proyecta como “fuera del sistema para miles de personas”. La movilización continúa siendo necesaria, especialmente haciendo coincidir la lucha con el Día Internacional de la Salud Mental. Habrá una marcha el próximo jueves desde el Hospital Rawson hasta el Bonaparte, invitando a organizaciones y a la comunidad a unirse para seguir visibilizando la importancia de la salud mental en estos tiempos.
La situación del Hospital Laura Bonaparte refleja una problemática más amplia sobre cómo las decisiones políticas influyen en sectores críticos como la salud, y de qué manera la organización popular puede enfrentar decisiones que no contemplen el bienestar social. Fernández Camacho señala la negociación lograda como “una victoria de la organización, de los trabajadores, las trabajadoras y de la comunidad”, evidencia de que a veces la unión puede prevalecer frente a políticas que no consideran el bienestar integral de la sociedad. Con el desafío aún en curso, la comunidad y los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte miran hacia adelante, unidos y decididos a proteger su espacio de salud mental.
