Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, un sindicato reconocido que milita en la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), fue arrestada junto a una compañera en medio de una escena que se asemejó más a una cacería que a un operativo policial. Según relatos, “la policía sale a cazar manifestantes… y sobre todo se la agarra con dirigentes y dirigentas”. Este aparente abuso de poder no es un hecho aislado, sino que inscribe en un patrón mayor de hostigamiento hacia quienes levantan sus voces en defensa de los derechos humanos y laborales.
El incidente ocurrió cuando Orellano y otras personas denunciaban un ataque perpetrado por un hombre contra una trabajadora sexual en el mencionado barrio porteño. En lugar de investigar y proteger a la víctima, las fuerzas de seguridad decidieron contraatacar a quienes reclamaban. “Un grupo de policías la detuvo… cuando denunciaban un ataque recibido por un hombre en el barrio de Constitución. En vez de investigar, en vez de actuar con profesionalismo, la fuerza de seguridad, la policía, la emprendieron contra quienes reclamaban.”
La detención fue manejada con una opacidad preocupante, sumiendo en la incertidumbre a quienes buscaban información sobre ellas durante horas. “Pasó la noche del jueves… entre una comisaría y una alcaidía”. Este tipo de prácticas evoca oscuros recuerdos del pasado reciente de la Argentina, donde la falta de localización o contacto con los detenidos era común. La comparación con tiempos pasados resuena dolorosamente: “La policía, ellos van a decir que no, y quizás me ligo un tirón de oreja, pero de repente no estás… estás desaparecido.”
Tanto Orellano como la víctima del ataque, conocida solo como Daniela para proteger su identidad, permanecieron en la Comisaría 1C en Constitución y luego en la Alcaidía 14 de Chacarita, hasta ser liberadas al día siguiente sin aclaraciones ni disculpas por parte de las autoridades. Mientras tanto, el presunto agresor no enfrentó ninguna consecuencia inmediata más allá de ser mencionado en relación a “problemas de consumo”.
Esta situación se suma a un contexto generalizado de represión que afecta a muchas personas cada vez que intentan manifestarse en la capital argentina. “Durante horas. Esto no sólo le ha pasado a Georgina Orellano, le pasa a cada persona que es detenida prácticamente en cualquier manifestación. Pasa todo el tiempo.”
La respuesta institucional de la ciudad parece carecer de contundencia o interés en abordar estas denuncias. Mientras “la justicia de la ciudad de Buenos Aires” permanece aparentemente inactiva, para algunos, es vista como “el ama de llaves de los otros dos poderes de la ciudad. Esconde la mugre bajo la alfombra”. Esta imagen de impunidad y desinterés por las demandas ciudadanas arroja una sombra sobre la imagen floreciente y prístina que se promueve oficialmente de Buenos Aires.
La detención de Orellano y sus compañeras no solo destapa las fisuras del sistema, sino que también hace un llamado a la reflexión sobre el papel de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática. ¿Es el estado el perpetrador cuando se supone que debe ser protector? Este evento ha desatado una oleada de críticas hacia “la policía porteña” y demandas para que se investiguen estas prácticas represivas que, lejos de fortalecer la seguridad, socavan la confianza pública y restringen las libertades fundamentales.
En defensa de Georgina Orellano y en repudio a lo que se vive como una agresión injustificada, “le mandamos nuestro abrazo” a ella y a todas las trabajadoras que siguen luchando por sus derechos en un entorno que muchas veces se muestra hostil. Actos como estos no solo afectan a las personas detenidas directamente, sino que dejan una profunda huella en la sociedad, remarcando la necesidad urgente de revisar y reformular las políticas de seguridad pública y el trato hacia colectivos históricamente marginados.
