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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicado en San Martín, está en el centro de un conflicto que inquieta a sus trabajadores y afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. El decreto 462, impulsado por el gobierno, busca integrar al INTI al Ministerio de Economía e Industria, lo que traería consigo una serie de consecuencias que los empleados describen como "casi dejarlo en coma al INTI como Instituto de Tecnología Industrial, tal como fue concebido".

En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora del INTA, Julieta Boedo, de la Coordinación Nacional de ATE, advierte sobre las consecuencias del decreto 462. La Cámara de Diputados ya lo rechazó, pero el Senado y los tribunales aún tienen mucho por decidir.

El Auditor General de la Ciudad suscita preocupación por la falta de transparencia y el desmantelamiento sistemático del sector educativo para niños con discapacidades.

En la Villa 31 de Buenos Aires, los cartoneros enfrentan una creciente persecución y una disminución en los precios de los materiales reciclables. Lorena Gómez, cartonera independiente, relata cómo estas políticas afectan su sustento y el de sus compañeros.

El nuevo desafío: represión a jubilados y manifestantes en la capital argentina.

Buenos Aires se enfrenta a lo que se podría describir como una "crisis sanitaria", según Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. La presencia del peligroso mineral conocido como asbesto en el subte porteño no solo ha cobrado vidas de trabajadores, sino que también amenaza la salud de millones de usuarios y vecinos de la red de subterráneos. "Lamentablemente, una semana muy dolorosa porque es el quinto compañero que fallece por esta causa", admite Dellecarbonara, quien denuncia la negligencia y complicidad de las autoridades y la empresa concesionaria.

En medio de un clima de creciente tensión social, las inmediaciones del Congreso Nacional de Argentina se convirtieron en el escenario de una vehemente protesta en contra del veto presidencial a la declaración de emergencia en discapacidad. La manifestación reunió a organizaciones, profesionales de la salud y personas con discapacidad, provocando una destacada reacción ante la represión ejercida. Carlos Scally, integrante de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de la Capital, nos brinda su relato y análisis sobre estos sucesos.

En un sorpresivo giro de sucesos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se hallan en una encrucijada crucial respecto a su acceso al agua. María Eva Koutsovitis, miembro activo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ha sido una voz preponderante en la denuncia del proceso de privatización de AISA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A), una empresa clave para el suministro de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha comunicado una nueva medida a través de sus redes sociales, que afecta directamente a los beneficiarios de diversos planes y ayudas sociales. Se trata de un "reempadronamiento de beneficiarios", dirigido a aquellas personas que reciben algún tipo de asistencia del gobierno, como planes Trabajar, Progresar, ayudas para evitar situaciones de calle, asistencia alimentaria y otras formas de apoyo.

En un giro inesperado dentro de la causa que investiga el atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti ha citado a Erika Denise Menéndez a prestar declaración. La citación es parte de una serie de medidas judiciales que buscan esclarecer el supuesto conocimiento previo del ataque por parte del legislador Gerardo Milman, con quien Menéndez estaba vinculada profesionalmente.