En un contexto donde los trabajadores de la comunicación enfrentan una situación cada vez más peligrosa, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (CIPREVA), junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FADPREN), llevaron a cabo una exposición significativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 19 de noviembre. En esta exposición participaron también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), presentando un frente común ante un gobierno que, según Francisco Paco Rabini, Secretario General Adjunto de CIPREVA, “ha atacado ya sin distinciones” al periodismo.
La preocupación por el estado de la libertad de prensa en Argentina es grave. Según palabras de Rabini, esta situación “nunca fue tan peligrosa en democracia como lo es hoy”. El sindicato ha tenido que equiparse con pertrechos típicos de zonas de conflicto bélico para los fotógrafos que cubren marchas y manifestaciones, evidenciando un ambiente hostil hacia aquellos que simplemente ejercen su labor informativa.
Rabini resalta que “la policía apunta específicamente a los periodistas”, recordando el emblemático caso de Pablo Grillo, un periodista que tras el ataque aún pelea por su vida, sin una respuesta adecuada por parte del gobierno. La CIDH, que ya venía pronunciándose con preocupación, instó al gobierno argentino a ofrecer respuestas y soluciones, aunque la reacción gubernamental presente en la reunión fue negacionista y poco receptiva.
“El ejercicio de la prensa se ha tornado peligroso y llevar un chaleco de prensa puede ser tan peligroso como enfrentarse e insultar a la policía,” comentó Rabini sobre la difícil situación que vive el periodismo en el país. Afirmó que el gobierno pretende una “comunicación unidireccional y sin intermediarios” y actúa en consecuencia mediante el “desfinanciamiento a los medios” y la violencia física hacia los trabajadores de la prensa.
Rabini señala que, irónicamente, quienes se autodenominan libertarios en el gobierno son los que están en contra de la libertad de expresión. La gravedad de las circunstancias está retratada en informaciones como el uso de “trolls pagos que defienden con violencia el discurso del gobierno” y un asesor presidencial que amenaza abiertamente a un fotógrafo.
Ante la Comisión, se denunció también que el asesor presidencial principal, quien tiene un estatus de monotributista, ha amenazado directamente a periodistas, evidenciando hostilidad y desdén hacia la profesión. “La calidad democrática requiere de un electorado informado,” resaltó Rabini, destacando el rol fundamental del periodismo en la democracia.
La respuesta del gobierno argentino, representado en la comisión por el Ministero de Derechos Humanos, fue evasiva ante las críticas presentadas. La negación y falta de autocrítica contrasta con las recomendaciones de los comisionados que advierten que “la búsqueda de soluciones primero tiene que estar antecedida de un reconocimiento de que hay un problema”.
A pesar del difícil panorama, las organizaciones presentes en la exposición expresaron su compromiso de mantener la presión y el seguimiento sobre el caso. Para el gobierno, que ha mostrado desprecio por las demandas internas, ser señalado internacionalmente es una preocupación adicional. La necesidad de cumplir con tratados internacionales de derechos humanos, tal como recordó Rabini, es un llamado urgente a respetar la ley y las normas constitucionales.
En conclusión, en una época donde la represión a los comunicadores parece agudizarse, el rol del periodismo se torna vital para preservar la transparencia y el debate democrático. Las instancias internacionales, como la CIDH, son ahora un mecanismo crucial de presión y denuncia, que frene el avance de un tipo de censura que amenaza con socavar los cimientos democráticos del país.
