En un controvertido movimiento político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones contra los trapitos y cuidacoches. Este cambio se alinea con una estrategia política que, según analistas, busca establecer la imagen de un orden público rígido bajo la administración actual. “Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar… ahora se te pone invasivo, se te pega a la puerta, a veces no puedes ni abrir”, se señala en ciertas voces defensoras de la medida, sugiriendo que estas actividades informales han llegado a ser vistas como una amenaza a la seguridad ciudadana.
La nueva legislación, aprobada con 36 votos a favor del oficialismo y La Libertad Avanza, en oposición a votos como los de Fuerza por Buenos Aires y el Frente de Izquierda, trae modificaciones significativas al régimen de sanciones. Por primera vez, se habilita la detención efectiva con penas que oscilan entre 10 y 60 días de arresto. Las penas dependen de si la infracción es cometida por individuos aislados o si hay evidencia de una organización que actúe, especialmente en eventos masivos. Las multas económicas también se han incrementado notablemente, llegando hasta 6,5 millones de pesos, mientras que antes solo ascendían a unos 300 mil.
Además, la reforma contempla la posibilidad de multar a clubes u organizaciones que faciliten o colaboren con dichas actividades, incluso permitiendo su clausura preventiva. Este conjunto de medidas tiene como objetivo endurecer las sanciones y, finalmente, reforzar el control sobre el espacio público de la ciudad. Sin embargo, no todos están convencidos de que esta sea la solución indicada.
En la acalorada sesión, la legisladora Mariana González de Fuerza por Buenos Aires, quien tiene un largo historial de militancia con trabajadores de la economía popular y personas en situación de calle, criticó duramente la nueva normativa. “Quiero decir con claridad, con absoluta claridad, este proyecto no resuelve nada… Aumenta violencia, aumenta descarte, aumenta exclusión”, afirmó González, destacando que estas regulaciones solo endurecerían la vida de los sectores más vulnerables de la ciudad.
Según datos recientes, el año pasado se registraron alrededor de 11,000 contravenciones a cuidacoches. De estas, 8,000 eran infractores individuales, mientras que las 3,000 restantes se vinculaban a eventos masivos con un mayor nivel de organización y, a menudo, con denuncias de connivencia policial. Estas cifras abren un debate crucial acerca de la eficacia de las nuevas medidas.
Más allá de los números, algunos sectores indican que este tipo de políticas se inscriben en una estrategia mayor que podría verse como un espectáculo político. Como lo han señalado algunos analistas, esta política de “mano dura” se refleja en narrativas que resuenan en plataformas digitales como YouTube, TikTok o Instagram, buscando un impacto mediático más allá de la eficacia real en las calles.
La discusión abierta por esta reforma también ha puesto de relieve temas mayores, como la necesidad de crear alternativas para los trabajadores informales y de considerar medidas que no criminalicen la pobreza. La insistencia en “mostrar que duros que son con las personas que más sufren” ha sido calificada por críticos como un enfoque que margina aún más a los ya desfavorecidos.
La situación actual es un reflejo de tensiones más profundas dentro de la sociedad porteña. Mientras el gobierno local defiende las medidas como una necesidad para el orden público, sectores de la oposición y organizaciones sociales alertan sobre los efectos negativos en los grupos más precarios y su potencial para incrementar la exclusión social. En este sentido, la discusión sobre el nuevo Código Contravencional de Buenos Aires parece estar lejos de concluir, propiciando un debate que seguramente continuará resonando en la opinión pública y en las decisiones políticas futuras.
