La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, liderada por Lisandro Teskewich, ha puesto en evidencia serios problemas en el Programa de Descontaminación, Compactación y Acarreo de Vehículos Abandonados, conocido como PROCOM. Este programa, en teoría diseñado para manejar de manera efectiva los vehículos abandonados en las calles de la ciudad, se ha visto señalado como un foco de descontrol, irregularidades económicas y apartamiento de las normas establecidas.
Teskewich advierte que “el descontrol en este programa promueve una Buenos Aires contaminada”. El informe reciente detalla cómo el Ministerio de Seguridad Porteño realizó un convenio directo con la Cámara de Grabadores de Autopartes, eludiendo la normativa transparente de compras y contrataciones. Esto genera serias dudas sobre la integridad del proceso, además de manejar cifras millonarias que apuntan a intereses oscuros detrás.
Una de las revelaciones más impactantes del informe es la discrepancia en los datos administrativos del programa. “El descontrol de los datos quedó literalmente a la deriva”, expresa Teskewich. Mientras la Cámara de Grabadores informó sobre la compactación de 3.720 vehículos, el PROCOM menciona solamente 355, y la Base de Datos General registra apenas 93 casos. “Nadie sabe cuántos autos se compactaron realmente”, destaca el Auditor, subrayando el caos administrativo existente.
Además, el análisis de más de 4.000 solicitudes reveló que el 100% de las pericias de autos carecían de fecha, y la mitad de los expedientes estaban incompletos. Incluso, vehículos catalogados como “en buen estado” carecían de motor, batería o radiador, lo que evidencia la falta de criterio técnico en la clasificación.
El desfasaje no es solo administrativo. Desde el punto de vista económico, la construcción de la planta compactadora presenta 82 millones de pesos de costos sin rendir, situación que impide a la Ciudad de Buenos Aires cobrar el canon del 5% sobre el producido que la Cámara de Autopartistas debería pagar al desguazar los autos. “El macrismo no sólo no controla, sino que resigna los recursos propios por pura desidia administrativa”, en palabras de Teskewich.
Este descalabro también se extiende a los salarios y servicios involucrados en el programa. En total, se ocultaron más de 319 millones de pesos dentro del presupuesto de la Policía de la Ciudad, desviando así recursos que deberían destinarse específicamente al PROCOM. La gravedad de estas maniobras refleja un manejo discrecional que impacta negativamente en las porteñas y porteños.
Además, la falta de comunicación entre las comunas y los canales de atención al ciudadano (como BOTY y el 147) complican la situación de los vecinos cuyos autos son remolcados. “El desamparo administrativo es absoluto”, señala el Auditor, quien agrega que estos problemas generan incertidumbre sobre el destino de los vehículos remolcados.
Gobernar una ciudad de la magnitud de Buenos Aires requiere un compromiso de transparencia que, en este caso, parece haber sido dejado de lado por intereses políticos y económicos. Las revelaciones de este informe de auditoría no solo iluminan fallas estructurales en un programa crítico como el PROCOM, sino que también invitan a una reflexión profunda sobre los estándares de gestión pública y la necesidad de revertir políticas que, lejos de ser errores, han demostrado ser parte de un proyecto político intencionado.
