En una controversial movida política, Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha estado llevando adelante un conjunto de desalojos que no sólo afectan a viviendas sino también a actividades informales como la de los “trapitos”, aquellos individuos que gestionan espacios de estacionamiento en la vía pública. La retórica de Macri ha sido clara: “si sos trapito te meto preso”. Esta postura ha polarizado las opiniones considerando que, aunque estas actividades son vistas como ilícitas, la acción del gobierno podría exacerbar problemas sociales.
Los desalojos, que han sido justamente criticados, muestran no sólo la intención de liberar espacios ocupados sino también el dilema sobre cómo se ejecutan. Se argumenta que “toda ocupación ilegal del espacio privado es un delito”, sin embargo, emerge una preocupación confrontante: los desalojos se llevan a cabo “con la fuerza pública, con falsas denuncias”, implicando que las causas por peligro de derrumbe se exageran o incluso se inventan.
En un contexto donde se hace “una especie de fiesta” de los desalojos, las críticas no tardaron en surgir. Legisladores y organizaciones sociales han unido fuerzas en los últimos tiempos para hacer frente a esta situación. Destaca la intervención del juez Roberto Gallardo, quien, en respuesta a una demanda de legisladores peronistas, dictó una medida cautelar que establece condiciones claras para cualquier desalojo futuro. Según este fallo, “sólo se puede desalojar cuando exista peligro de derrumbe” y bajo la condición de que “haya una solución habitacional disponible para las familias afectadas”.
La medida llega en un momento crucial, pues el número de viviendas liberadas por el gobierno porteño ha superado las 800. Este accionar fue presentado, hasta ahora, como un pilar de gestión y “una victoria” en la cruzada por un orden urbano que muchos ven como desproporcionado. Las críticas apuntan a que más que despejar ocupaciones, es una estrategia política que omite “respetar el derecho humano de esas familias”.
La experiencia del juez Gallardo con los Macri no es nueva, habiendo encarado peleas judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri como presidente. En esta ocasión, puso un freno tajante a la metodología adoptada para los desalojos, marcando un gol en la lucha judicial contra una práctica que omite el debido proceso. El llamado es claro: “La ciudad debe abstenerse de adoptar o ejecutar desalojos sin cumplir con los recaudos mínimos que fijó el juez”. Salvo en casos extremos de seguridad, cualquier desalojo deberá estar acompañado de “una respuesta habitacional transitoria inmediata y efectiva”.
Este cambio en marcos legales vino a raíz de acciones por parte de legisladores como Victoria Freire y Alejandro Salvatierra, quienes señalaron la violación de derechos al acomodar trámites para expedir dichas ejecuciones. Afirmaciones hechas sobre procedimientos que imitan sistemas privatizados trasnacionales, operando con impunidad similar a “patobicas que van y rompen la puerta” recabaron atención y finalmente, respuesta legal.
Muchas voces se alzaron, no para impedir la devolución de las propiedades a sus dueños legítimos, como subrayaron los opositores, sino para resguardar el debido proceso. En terreno judicial, los reclamos de salubridad o riesgo estructural sólo constituirán excusas válidas si el gobierno asegura los medios inmediatos para alojar a los desplazados conforme sus necesidades específicas, considerando, por ejemplo, “cantidad de pibes, si hay discapacitados o no, personas mayores, etc.”.
Por su parte, grupos como la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda se han movilizado. La “marcha de las escobas” se erige no solo como acto simbólico, barriendo las calles de impunidad y ajustes desmesurados, sino también como muestra del poder de protesta, reuniendo masivamente a personas de distintas cuadrillas organizadas bajo una consigna común.
La lucha social sigue vigente y el eco del reclamo busca no sólo justicia a corto plazo, sino una revisión integral a mediano y largo plazo de las políticas que gobiernan la gestión del espacio público y la vivienda en Buenos Aires. La comunidad, así como los actores políticos, observan muy atentos los pasos que dará en adelante un gobierno emplazado al marco del derecho y del consenso.
