Caminar por las calles de Buenos Aires puede ser una experiencia un tanto surrealista. Mientras algunos ven un paraíso dorado, ecos de una celebración mundialista, otros encuentran una realidad mucho más complicada bajo la superficie. En las vidrieras se enfrentan imágenes contrastantes: por un lado, la ciudad promete orden y seguridad, y por otro, revela un entramado de políticas que afectan a las comunidades más vulnerables.
La administración actual, liderada por Jorge Macri, parece estar enfocada en lo que podría describirse como una “limpieza social y territorial,” un eje central de su estrategia de seguridad. A lo largo de la ciudad se despliegan carteles que proclaman mensajes como “Buenos Aires, la ciudad sin trapitos” o “Buenos Aires, la ciudad sin delincuentes,” acompañados de la promesa de que allí “la ley se cumple y el orden se respeta.” Sin embargo, bajo esa promesa subyace un enfoque que, según críticos y observadores, parece más un ejercicio de hostigamiento y violencia institucional que una mejora genuina de seguridad.
María Eva Koutsouvitis, una columnista y analista crítica del programa urbano de Buenos Aires, señala que “en lugar de enorgullecerse de generar soluciones habitacionales, Jorge Macri festeja cuando desaloja familias.” De acuerdo a sus declaraciones, la gestión actual realiza desalojos cada 30 horas, afectando a más de 1.400 niños y niñas, en pleno contexto de emergencia habitacional. Con solo el 1% del presupuesto destinado a políticas habitacionales, el problema se magnifica.
Además, mientras se perciben estas medidas de exclusión, grandes corporaciones inmobiliarias como IRSA, Clarín y La Nación reciben beneficios considerables. Un ejemplo de esto es el subsidio de 200 millones de dólares para transformar edificios de oficinas en viviendas destinadas al alquiler turístico; un negocio lucrativo para unos pocos en detrimento de la disponibilidad de viviendas sociales.
El caso de la privatización del Canal y las radiofrecuencias de la ciudad, que según Koutsouvitis terminará beneficiando a empresarios del streaming, recalca la crítica sobre el parasol mediático que protege determinadas políticas del escrutinio público. Esta crítica también se extiende a otras transformaciones urbanas, como la entrega del predio de Costa Salguero a poderosos grupos mediáticos para la explotación privada.
El clima en Buenos Aires, según observadores, se siente tenso, con una presencia policial incrementada especialmente en los barrios más pobres. Una narración común es la de piquetes policiales frecuentes en distintas áreas, donde cualquier persona considerada “sospechosa” puede enfrentarse a un escrutinio inmediato por parte de la policía. Este nivel de vigilancia, aunque podría proporcionar una sensación de seguridad para algunos, genera incomodidad para muchos.
Otra iniciativa controvertida es la propuesta de construir muros o barreras en torno a la General Paz, marcando una división clara entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Aunque pueda parecer una idea inverosímil, esta noción de contención no se siente lejana al darse cuenta de que, para las cámaras y la promoción, la policía formó una muralla humana en los accesos a la ciudad.
En definitiva, el gobierno de Buenos Aires, bajo la administración de Macri, parece oscilar entre un espectáculo de control y una exclusión tangible, priorizando muchas veces los intereses financieros e inmobiliarios sobre las necesidades básicas de sus ciudadanos. Esta gestión continúa enfocada en beneficiar al pequeño sector del poder económico y mediático, mientras un crujido de resistencia creciente resuena entre aquellos que defienden los derechos de las comunidades más afectadas. A medida que estas políticas se despliegan, la ciudad de Buenos Aires se mantiene entre un velo de brillo superficial y una sombra de preocupación persistente.
