El pasado 9 de junio, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha lo que llamaron la ‘Operación Muro’, un mega operativo destinado a blindar los accesos del área metropolitana a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires. Este despliegue cubrió 24 kilómetros de ingresos y puentes, y fue una demostración contundente de control y seguridad. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre sus implicancias sociales y políticas.
La Operación Muro involucró la vigilancia de 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos a lo largo de la frontera natural del Riachuelo. Efectivos policiales fueron desplegados intensamente para prevenir cualquier intentona de cruzar, inclusive, a nado. Según nuestra administración local, este es un esfuerzo indiscutible para proteger a la ciudadanía. Como lo expresó el jefe de gobierno, “no vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños”, un mensaje inicialmente difundido a través de las redes sociales.
Esta iniciativa ha reavivado antiguas tensiones históricas y culturales. No pocos han encontrado paralelismos con narrativas del siglo XIX, evocando la dicotomía civilización y barbarie formulada por Sarmiento. La retórica del gobierno de la ciudad parece, para algunos críticos, deshumanizar a quienes viven del otro lado del límite, en el conurbano bonaerense. La utilización del término ‘bárbaros’ ha sido considerada una forma de despersonalización de millones de personas que trabajan en la ciudad capital, pero que residen en la provincia.
La crítica hacia esta política va más allá del argumento histórico. La operación es vista por ciertos sectores como una estrategia de campaña del jefe de gobierno, cuyo mandato ha sido objeto de muchas críticas respecto a políticas públicas cuestionables y, en ocasiones, impopulares. Claramente, la ejecución de esta operación no se ha visto libre de controversia, y ha sido interpretada como una maniobra política para golpear la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en torno al problema de la inseguridad en la provincia.
Las comparaciones no han cesado. Las metáforas que involucran la ‘zanja de Alcina’ o la expectativa de que ‘venga un malón’ se han manifestado en discursos públicos cuestionando las motivaciones y la efectividad de la operación Muro. Críticos enfatizan que, si la operación se prolongase por semanas, la logística diaria de Buenos Aires se tambalearía seriamente. Esta política del ‘muro’ pone de relieve la dependencia crítica que la ciudad mantiene con el trabajo de quienes hacen el viaje diario desde la provincia.
A esto se suma otra polémica referente a las declaraciones del jefe de gobierno sobre las personas en situación de calle y los pobres, sugiriendo que seguirán existiendo mientras las iglesias continúen brindando asistencia alimentaria. Este tipo de simplificaciones han levantado ampollas en un contexto socioeconómico de creciente descontento.
Las estadísticas preliminares alegan una baja significativa en las tasas de criminalidad en Buenos Aires tras la implementación del muro, en parte, gracias al aumento de la vigilancia policial y el uso intensivo de cámaras de seguridad. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre la percepción y el tratamiento del ‘otro’, de aquellos que, aunque al otro lado de la frontera administrativa, son parte integral del tejido social y económico de la capital.
La política del miedo y la militarización de la vida urbana no son formas nuevas en la política contemporánea. Parece que el actual liderazgo en la ciudad se encuentra compitiendo por capital político a través de la represión y criminalización, no solo limitado a la lucha contra el crimen, sino también evidente en recientes actos de represión en el obelisco de la ciudad, cuando ciudadanos quisieron celebrar momentáneamente.
En un contexto donde los precios han subido en casi todas las áreas esenciales de la vida cotidiana, estas medidas surgen como líneas divisorias en las que los políticos buscan destacarse, aunque con ello intensifiquen tensiones sociales latentes. Mientras continuamos observando cómo se desarrolla esta situación sociopolítica en la capital y sus alrededores, queda claro que, más allá de las políticas de control, se necesita una reflexión profunda sobre la integración y el respeto hacia todas las personas y sus derechos, sin importar de qué lado de la frontera habiten.
