El pasado 14 de mayo, Buenos Aires fue el escenario de un operativo de seguridad de gran magnitud conocido como Tormenta Negra, ordenado por el jefe de la ciudad, Jorge Macri. El despliegue incluyó 1500 efectivos policiales que concurrieron simultáneamente a 15 barrios populares y villas de emergencia, ejecutando allanamientos, cerrando negocios y confiscando carros de cartoneros. “Invadieron las villas y los barrios populares, en lugar de ir con soluciones, con políticas de integración”, señaló David Lugones, vecino del barrio Padre Carlos Mujica, ex Villa 31, y parte del Comité de Crisis.
Lugones cuestionó vehementemente el nombre del operativo, comparándolo con las intervenciones bélicas: “Tormenta Negra era un nombre que recordamos de la guerra en Irak, Operación Tormenta del Desierto, nombres rimbombantes de una potencia invadiendo otro territorio”. Esta vez, la invasión fue sobre el propio territorio, afectando profundamente a comunidades vulnerables.
“Esto es pan y circo”, criticó Lugones, explicando que el operativo pareció más un espectáculo mediático que una acción efectiva de seguridad. “Vos te das cuenta que fue todo mediático, hasta se turnaban para poner la cruz en el lugar que fueron, que supuestamente había algo”. A pesar de la magnitud del despliegue, aquellas operaciones que prometieron mejorar la seguridad solo incrementaron la desconfianza y el temor entre los residentes.
Lugones también cuestionó la responsabilidad gubernamental y la utilización del presupuesto público: “Hubo dos helicópteros tres horas volando por los barrios, camiones antibomba, no sé, lo que te imagines. Y todo eso es gasto que tranquilamente ese presupuesto se pudo haber enviado al Hospital Garrahan o destinarlo a otra cosa”. Señaló que este gasto masivo no ha sido justificado ni evaluado por las autoridades, dejando en el aire preguntas sobre el destino de los recursos y los resultados reales del operativo.
El operativo fue acompañado de una serie de medidas que han sido ampliamente criticadas, entre ellas la construcción de un muro para separar la ciudad de Buenos Aires y la provincia. “Es un globo de ensayo lamentablemente somos todos los porteños”, puntualizó Lugones, aludiendo a las políticas separatistas. “La verdad es que la ciudad de Buenos Aires es una de las provincias, a partir de la reforma de 1994 pasa a ser una de las provincias, creo que de la 24, y es un Estado federal”, recordó, recalcando la incongruencia de estas propuestas con el marco constitucional.
Además, mencionó las constantes vulneraciones a los derechos humanos y las prácticas discriminatorias, con ejemplos de controles en barrios específicos. “En Liniers, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, hay regadas te piden documentos, si sos inmigrante lo hacen por la cara, o sea, está pasando todas esas cosas”, denunció.
La situación ha generado un llamamiento a la rendición de cuentas por parte del gobierno. “Este tipo tiene que haber una sanción por estos tipos de despilfarro de plata”, demandó Lugones, pidiendo una acción directa de la legislatura para responder a este gasto inusitado. Sin embargo, lamentó que a pesar del comunicado y los esfuerzos del Comité de Crisis, aún no ha habido una reacción oficial que satisfaga estas demandas.
Este contexto de represión en barrios populares no solo ha vulnerado derechos fundamentales sino que también ha incrementado la sensación de ser tratados como ciudadanos de segunda clase. La discriminación y la exclusión son parte de una realidad cotidiana que se evidencia en la falta de acceso a transporte público, la falta de infraestructura adecuada y un constante estigma social. “Acá tenemos como eso de decir no, ojo, Retiro. Por eso digo, estos tipos una vez que terminan el mandato tienen que rendir cuenta”, insistió Lugones.
En su análisis final, David Lugones enfatiza la urgencia de una movilización que promueva cambios significativos en las políticas de seguridad y urbanización, y reclama una mayor voluntad política para enfrentar estas problemáticas. “La gente está implosionada, no es que explota para afuera, explota para adentro con todos los problemas que está teniendo”, expresó, destacando la necesidad de una respuesta que privilegie los derechos humanos y los principios constitucionales frente a la represión y el control social.
