El 24 de marzo, un día que simboliza la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, ha tenido recientemente una de sus conmemoraciones más masivas. Este año se cumplen 50 años del golpe militar que dio inicio a una de las etapas más oscuras de la historia del país, y las calles se vieron inundadas por una multitud decidida a no olvidar. Intentar avanzar por la Plaza de Mayo fue casi imposible, la cantidad de personas presentes hizo que fuera un ejercicio árduo recorrer hasta los rincones más cercanos. Pero, ¿qué es lo que realmente mueve a tanta gente a congregarse año tras año?
Por un lado, está la significancia numérica de un aniversario de esta magnitud, 50 años no son pocas cosas. No obstante, sería negligente atribuir la masividad únicamente al simbolismo numérico. En un país que enfrenta desafíos económicos y sociales diarios, muchos ven paralelismos inquietantes con políticas de ciclos anteriores. La historia, cíclica en su esencia, sirve como recordatorio y advertencia. Como espectadores y actores de este contexto, queda claro que no se trata solo de conmemorar, sino de resistir y denunciar.
A pesar de los años transcurridos, persiste una cicatriz profunda que nos recuerda que la dictadura no solo fue un régimen de terror en términos de derechos humanos, sino también en términos económicos. Las políticas que buscaron instalar un modelo de desigualdad y beneficio exclusivo para unos pocos son, para algunos, reminiscencias del presente. Con cada reducción en derechos laborales, con cada recorte social, el espíritu de resistencia se fortalece en la memoria de aquellos que sufrieron pérdidas irreparables.
La complejidad de las alianzas entre sectores política y económicamente poderosos también asusta, como lo demuestra la constante advertencia sobre intereses internacionales que codician recursos naturales argentinos, desde el agua hasta los metales preciosos. A pesar de advertencias repetidas de gobiernos y organizaciones, a menudo se sienten impotentes frente a un poder tan monumental. La lucha activa para preservar la soberanía del país sigue siendo un tema candente y movilizador.
A nivel comunitario, parece que esta emulación de viejas tácticas autoritarias sigue vigente en otra forma de exclusión. La ‘guetización’, o la conversión de áreas urbanas más vulnerables en enclaves casi impenetrables para el resto de la sociedad, se enfrenta a desafíos continuos. La reciente ofensiva contra los barrios populares, como la incautación de materiales de construcción y herramientas de trabajo, apunta a una marginación sistemática que trae reminiscencias de exclusión y control.
Caso paradigmático es el de la Villa 31, donde las garrafas todavía son necesarias debido a la falta de infraestructura de gas adecuada, símbolo de la marginación de estos espacios. Las restricciones y clausuras de comercios que dependen completamente de estas economías locales subrayan las contradicciones. Son esfuerzos administrativos que, bajo la consigna de ‘ordenar’, marginalizan aún más a las comunidades que luchan por sobrevivir.
Por otro lado, surgen historias humanas de dolor y lucha que inspiran cambios. La ley Joaquín, nombrada en honor a un niño que falleció trágicamente debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones en espacios deportivos públicos, busca imponer estándares que protejan la vida de niños en espacios recreativos. Enfrentar en el ámbito legislativo las negligencias que llevan a tragedias evitable es el compromiso admirado de sus promotores.
Mientras conmemoramos un aniversario más del golpe, la conversación pública debe abordar lo que esta resistencia significa en el presente. Nuestro país, impulsado por una memoria colectiva ferviente, se niega a olvidar el pasado, a ser cómplice por omisión de cualquier política que busque afianzar desigualdades o tolerar exclusiones. Seguimos resistiendo con la firme esperanza de que las sombras del pasado no opaquen el potencial de un futuro equitativo y justo para todos.
