El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IBC), creado por ley, tiene como objetivo proporcionar viviendas accesibles a las personas, mejorando la calidad de vida de los residentes de Buenos Aires mediante la oferta de servicios básicos como cloacas, agua potable y más. Sin embargo, el instituto ha sido objeto de controversia, especialmente tras el escándalo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien se supo, adquirió propiedades con créditos del Banco Nación, además de haber recibido su primer departamento gracias al IBC.
Actualmente, el gobierno de Buenos Aires busca cerrar el IBC, motivando protestas de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales, que se unieron con el sindicato ATE de empleados estatales, así como la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, para manifestarse en torno al antiguo “elefante blanco” que hoy alberga al Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones realizaron un abrazo simbólico al ministerio y una radio abierta para visibilizar su causa, desestimada por los grandes medios de comunicación.
La protesta surge en un contexto donde el cierre del IBC forma parte de un proyecto legislativo propuesto por el partido La Libertad Avanza, que pone en riesgo no solo los puestos de trabajo de miles de empleados del instituto, sino también el acceso a servicios vitales en barrios populares. “Nosotros no queremos que cierre más nada en el Estado, queremos que el Estado funcione de forma eficiente,” decía uno de los manifestantes.
Muchos empleados que habían sido despedidos mantenían contratos vigentes hasta fin de año. “Nos piden un Estado ordenado y eficiente, y nosotros queremos lo mismo, pero con los compañeros trabajando en sus puestos, no despedidos,” enfatizó un representante de ATE.
La labor del IBC no solo involucra la urbanización de villas, sino que también proporciona servicios en lugares como el barrio Villa 20, donde se han perdido las oficinas que realizaban acompañamientos esenciales en procesos de reurbanización. “Hoy asistimos a una política netamente ideológica, que ataca a la clase trabajadora,” remarcó un activista, apuntando a la posible baja de 900.000 planes de trabajo que precarizarían aún más los servicios de apoyo comunitario.
Criticando las políticas del gobierno local, otro manifestante agregó que “Jorge Macri se está alineando con una política cruel, queriendo cerrar el IBC y desempleando a trabajadores esenciales en los barrios populares.” La afección de estas políticas se extiende a los bachilleratos populares y otros servicios educativos vitales para los residentes que buscan mejorar sus condiciones de vida.
Los trabajadores y vecinos de Buenos Aires continúan luchando y exigiendo la permanencia de un instituto que no solo erige viviendas, sino que asegura el acceso a una vida digna en comunidades que frecuentemente se ven afectadas por políticas de austeridad. “Este pueblo de la ciudad, el pueblo de las villas y los trabajadores no lo vamos a permitir”, concluyó la representante del MTL, Carmen Cirano, respaldada por sus compañeros del IBC. La movilización sigue activa mientras las maniobras gubernamentales buscan ser revocadas por medio de la resistencia comunitaria.
