En la Ciudad de Buenos Aires, un tema candente ha surgido en relación a la privatización de los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos medios incluyen Radio Ciudad, situada en el histórico Complejo Teatral San Martín, que ha visto pasar a gigantes de la radiofonía argentina. Sin embargo, la preocupación crece a medida que parece haber un movimiento para privatizar estos medios, lo que ha llevado a diversas organizaciones a tomar acción.
Entre las organizaciones que han interpuesto un amparo para detener la privatización se encuentran la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el IPIP. Con el patrocinio de los abogados Jonathan Valdivieso y Cecilia Pasos, estas organizaciones buscan declarar la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la resolución número 7 y de los pliegos licitatorios asociados a dicha privatización.
Dichos instrumentos administrativos han generado preocupación ya que establecen un llamado a licitación pública para otorgar la concesión del gerenciamiento operativo y de programación de tres importantes medios públicos estatales: Radio AM-1110 (la radio de la ciudad), FM-92.7 (la aclamada radio de tango 2×4) y el Canal de la Ciudad, que aunque no siempre con los mejores ratings, tiene una propuesta comunicacional significativa.
El objetivo de este recurso es detener lo que se tilda de ‘fantoche’. La apertura de los sobres de licitación está programada para el 12 de mayo, lo que imprime urgencia a la situación. La acción judicial promovida sostiene que la medida impulsada por el gobierno constituye una violación directa del marco legal vigente, incumpliendo específicamente el artículo 47 de la constitución local.
El recurso legal denuncia una omisión inconstitucional y continuada por parte del poder ejecutivo y la legislatura porteña. Desde 1996, con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se ha sancionado la ley reglamentaria ni se ha creado el ente autárquico exigido. Además, señalan que la gestión estatal de estos medios es indelegable y que cederla a corporaciones privadas erosiona las funciones estatales y viola principios constitucionales fundamentales.
Otro punto crucial es la falta de audiencias públicas obligatorias, una omisión que contraviene el artículo 63 de la constitución porteña. Dicha audiencia es requisito al modificar el uso y dominio de bienes públicos estratégicos, como el caso del espectro radioeléctrico.
La demanda también hace hincapié en la importancia cultural de estos medios. La FM 92.7 es la única emisora pública dedicada íntegramente al tango, un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se teme que la privatización ponga en riesgo esta identidad musical frente a opciones comerciales más rentables.
Radio Ciudad AM-1110, fundada en 1927 como Radio Municipal, juega un rol esencial como archivo sonoro y memoria de la ciudad, mientras que el Canal de la Ciudad, originado en 2003, tiene como obligación televisar en vivo las sesiones de la legislatura porteña, siendo el único medio que lo realiza.
El marco legal también se complica con implicancias a futuro relacionadas con el plazo de la concesión y los cánones mensuales previstos. El pliego estipula concesiones de 60 meses y cánones base de 10.800.000 pesos para el canal y 1.229.000 para las radios, algo que para algunos resulta un costo ínfimo.
En la legislatura existen dos proyectos de ley en trámite que buscarían crear el ente autárquico requerido, algo que no se ha emprendido desde los años 90. Sin embargo, de concretarse la privatización, se teme que cualquier progreso legislativo quedaría obsoleto, exponiendo al Estado a posibles demandas millonarias si intentara cancelar contratos en el futuro.
Con toda esta compleja situación, Buenos Aires se encuentra en una encrucijada entre la privatización y el mantenimiento de los medios como entidades públicas, enfrentando un dilema que destaca problemas estructurales en su manejo estatal y las promesas de rentabilidad que la privatización puede representar.
