María Eva Koutsoubitis, integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería Civil, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de ‘La Ciudad Somos Quienes la Habitamos’, advierte sobre los últimos movimientos del Ejecutivo porteño en la legislatura que afectan al espacio público. ‘Vos dirás, pero son poderes separados. Sí, sí, son poderes separados, pero uno es el Ejecutivo, el otro es el Legislativo, y entre ellos chocan las manos, se dan un abrazo y aprueban lo que necesitan para hacer negocios’, denuncia Koutsoubitis. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley de Ojarasca, una norma que, según sus críticos, amenaza con privatizar los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Ley de Ojarasca fue aprobada con 30 votos a favor y 23 en contra, según Koutsoubitis. Para ella, la sanción de esta ley implica un negocio no solo con la privatización del espacio público, sino también con el desfinanciamiento al desarrollo del sur de la ciudad y a la economía popular. ‘Detrás de la sanción de la Ley de Ojarasca está el negocio’, afirma.
La ley deroga un total de 19 ordenanzas y 17 leyes, junto a varios artículos de otras legislaciones, que el oficialismo porteo consideran obstáculos burocráticos. Sin embargo, para Koutsoubitis y varios vecinos de la ciudad, esto expone a los espacios verdes a privatizaciones irresponsables. La ordenanza 46.229, en particular, ‘prohibía expresamente otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso o cambio de destino de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público’.
‘Es absolutamente falso que esta norma carezca de actualidad’, afirma Koutsoubitis, recordando que Buenos Aires tiene uno de los ratios más bajos de espacio verde por habitante a nivel mundial. Ahora, continúa, ‘el Poder Ejecutivo tiene vía libre para privatizar el escaso suelo verde porteño’. Esta apertura podría convertir plazas en ‘shoppings, emprendimientos privados’, o incluso permitir el cobro de entrada, como ya ocurre en el Parque Sarmiento.
La preocupación por el impacto en espacios emblemáticos llevó a los vecinos de Palermo y a la Asamblea del Barrio a movilizarse el sábado pasado desde el Jardín Botánico hasta la Plaza Inmigrantes de Armenia. Esta manifestación tenía el objetivo de oponerse a la ejecución de un estacionamiento subterráneo en Plaza Armenia y a la privatización del Jardín Botánico.
Koutsoubitis destaca otras derogaciones de la Ley de Ojarasca que afectan al patrimonio cultural y social de la ciudad. Por ejemplo, se elimina una ordenanza que exigía que la cartelería de los locales comerciales esté en castellano, y la regulación sobre mochilas escolares que buscaban evitar lesiones en alumnos. Asimismo, la ley que prohibía el uso comercial de plazas históricas como Plaza de Mayo y Plaza Congreso también es eliminada.
La ley también afecta a grupos vulnerables al derogar regulaciones vitales. Se disuelve el soporte a emprendimientos liderados por mujeres jefas de hogar y se elimina la ley que declaraba la emergencia de infraestructura en el sur de la ciudad, donde el acceso al agua potable es limitado. Además, se abroga la Ley de la Economía Popular, que apuntaba a formalizar y potenciar iniciativas de sectores económicamente vulnerables.
Los procedimientos para la aprobación de esta ley tampoco han estado exentos de controversia. María Eva Koutsoubitis asegura que se trata de un ‘nuevo fraude institucional’, subrayando que la ley no alcanzó el requisito de mayoría especial de 31 votos y no cumplió el proceso de doble lectura necesario para planes urbanísticos.
En este contexto, la Ley de Ojarasca se convierte en una cuestión no solo de urbanismo, sino de derechos ciudadanos y ambientales. ‘Toda fuerza aplicada en un sentido, tiene su correspondencia aplicada en sentido contrario’, resume Koutsoubitis, advirtiendo que la reacción de la ciudadanía y organizaciones será clave en este proceso. Es probable que esta sanción genere disputas legales y debates sobre el futuro de los espacios verdes en Buenos Aires.
