La auditoría encabezada por Lisandro Teskiewicz ha puesto en el centro de la discusión al PROCOM, un proyecto del Ministerio de Seguridad Porteño destinado a la descontaminación, compactación y remoción de vehículos abandonados. A pesar de que este programa debería ser un instrumento de seguridad y orden público, el informe revela que, en realidad, es una fuente de descontrol interno y alejamientos de las normas vigentes.
Para poner en marcha el PROCOM, el gobierno de la ciudad firmó un convenio directo con la Cámara de Grabadores de Autopartes, una decisión que esquivó las normativas establecidas para compras y contrataciones. Esto afecta directamente la transparencia en el uso del dinero público. Según Teskiewicz, el resultado de estas decisiones ha derivado en un ‘descontrol interno’ con información crítica que se maneja de forma arcaica, utilizando una simple planilla de Excel manual. Esta situación permite la modificación y la inconsistencia en los registros oficiales.
En una revisión de los datos, salieron a la luz sorprendentes inconsistencias: mientras que la Cámara de Grabadores informó que se habían compactado 3.720 vehículos, el PROCOM solo reportó 355 y la base de datos general registró apenas 93 casos. “Nadie sabe cuántos autos se compactaron realmente”, destaca la auditoría, subrayando el caos administrativo reinante.
Los problemas no se reducen solo a la gestión numérica. De las más de 4.000 solicitudes analizadas, se encontró que el 100% carecían de fecha y la mitad de los expedientes estaban incompletos. Como si fuera poco, algunos vehículos fueron etiquetados como “en buen estado” a pesar de no contar con piezas fundamentales como el motor, la batería o el radiador.
Desde un enfoque financiero, la situación es igual de alarmante. La auditoría destaca que hay una rendición pendiente por más de 82 millones de pesos destinados a la construcción de una planta compactadora, dejando al descubierto que la ciudad nunca comenzó a cobrar el canon del 5% que debería pagarle la Cámara de Autopartistas por los vehículos. Esto revela una pérdida de recursos significativos por parte de la administración macrista que “no controla y resigna los recursos propios por pura desidia administrativa”.
Más allá de estas omisiones, los gastos reales del PROCOM fueron camuflados en otras áreas del presupuesto. Un total de 177 millones de pesos referentes a salarios y 142 millones ligados al servicio de grúas fueron adjudicados al presupuesto de la Policía de la Ciudad, mientras que el presupuesto del PROCOM fue reducido en un 56%.
El impacto de este descalabro administrativo recae directamente sobre los ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de la falta de comunicación entre las comunas, el PROCOM y las líneas de atención. Si un vecino desea saber el paradero de su vehículo remolcado, se encuentra con que las líneas de contacto no tienen manera de discernir si su auto fue enviado a una playa de infractores o ya está en proceso de desguace.
La falta de gobernanza efectiva y trasparente del PROCOM lleva 20 años en acción en la Ciudad de Buenos Aires. La gestión pública en lugar de seguir estándares de transparencia, acaba por ser discrecional, con recursos desviados y operaciones reducidas a un simple Excel sin protección. Según el informe, esta situación no es un error, sino “un proyecto político” bien ejecutado a lo largo del tiempo, uno que impacta en los fondos públicos y que deja de lado los estándares que deberían ser normativos en la administración de recursos de la ciudad.
En conclusión, el informe de la Auditoría General de la Ciudad alerta sobre la necesidad urgente de implementar procedimientos claros, transparentes y alineados con la regulación vigente para el manejo adecuado del PROCOM y restaurar la confianza pública en la administración de los recursos municipales.
