En los últimos días, han surgido crecientes preocupaciones en torno a la dirección que está tomando la administración de los medios de comunicación públicos en la Ciudad de Buenos Aires. El tema central es la iniciativa del gobierno de Jorge Macri de privatizar las radios y el canal de televisión que son patrimonio de la comunidad porteña. “El Estado, o sea, todos nosotros y nosotras, las y los porteños, tenemos dos radios y un canal de televisión que son públicos”, se enfatiza, destacándose la importancia y la unicidad de estos medios. La radio AM-1110, conocida como la 2×4, se destaca por ser “la única radio en el mundo dedicada al tango”, empleando a profesionales apasionados que no solo saben mucho de tango, sino que también están involucrados en fomentar y promover el extenso mundo del tango en Buenos Aires.
Pero ahora, estos bastiones de la cultura y la voz pública están bajo amenaza. “Jorge Macri está empeñado en privatizarlo”, se denuncia, sugiriendo que la motivación detrás puede estar ligada a las bien conocidas demandas financieras de las campañas electorales. “Hace falta muchísima plata”, no solo para gastos directos sino para “adornar mucha gente, hay que comprar muchas voluntades”. Esto plantea una cuestión ética sobre cómo las decisiones en el ámbito de los medios públicos pueden estar influenciadas más por intereses de corto plazo que por consideraciones de beneficio público.
La presión para avanzar con la concesión de los medios, a pesar de la falta de interés inmediato del sector privado debido a la economía actual, genera inquietud. Se destaca un argumento común de modernización y eficiencia del uso de recursos públicos. “Modernizar la gestión y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos” es una lógica reiterada que acompaña otras medidas controvertidas del gobierno actual de la ciudad. En el fondo, hay preocupación por que los recursos públicos terminen beneficiando intereses privados, cuando la intención deber ser exactamente la opuesta.
Un concern particular es que, si bien se mencionan compromisos de las empresas adjudicatarias de mantener la programación y respetar derechos laborales y autorales, siempre está el riesgo de renegociaciones futuras, despidos encubiertos o una transición hacia tecnología que economice empleos, como la inteligencia artificial. “Ahora con la inteligencia artificial también te pueden poner un locutor, una locutora que diga las noticias con inteligencia artificial” se pronostica, poniendo en cuestión la seguridad laboral más a largo plazo.
El precio de concesión que se menciona de 50 millones para el canal y 15 para las radios aparece sumamente subvaluado, como sugiere que “podríamos ser vos, yo y algunos oyentes más quienes compráramos estos derechos”, aunque esto claramente no está al alcance del ciudadano promedio debido a la falta de mecanismos democráticos en la decisión sobre estos patrimonios públicos.
Finalmente, emerge un llamado a herramientas que permitan “al pueblo decidir en alguna instancia” acerca del futuro de los recursos y bienes colectivos. La situación no solo traslapa un problema político, sino que invita a reflexionar sobre el valor comunitario y cultural de estos medios y sobre las estrategias más apropiadas para salvaguardarlos en beneficio de todos los habitantes de Buenos Aires.
