María Eva Koutsoubitis, integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería Civil, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, nos ilumina sobre las recientes decisiones del Ejecutivo porteño en la legislatura que están generando gran controversia. Ella nos revela un panorama donde, según sus palabras, “el Ejecutivo y el Legislativo chocan las manos, se dan un abrazo y aprueban lo que necesitan para hacer negocios”, sugiriendo una colusión entre estos poderes para facilitar proyectos que justamente favorecen intereses privados sobre el bienestar público.
Una de las decisiones más resonantes ha sido la aprobación de la llamada Ley de Ojarasca, que ahora otorga al Ejecutivo porteño, bajo la administración de Jorge Macri, el poder absoluto para privatizar todos los espacios verdes de Buenos Aires. Esta decisión fue tomada por un reducido margen de 30 votos a favor y 23 en contra, resaltando una división notable dentro de las fuerzas políticas de la ciudad, donde “el macrismo, el mileísmo, la coalición cívica y los radicales” jugaron un papel clave en la aprobación.
Lo alarmante de esta situación, según Koutsoubitis, es el contexto y las implicaciones de lo que en esencia significa una “nueva privatización de lo público”. Las leyes y ordenanzas derogadas, que suman 19 ordenanzas y 17 leyes, incluían protecciones cruciales, como la ordenanza 46.229, que prohibía la privatización y el cambio de destino de los espacios verdes. Esta protección se justificaba no solo para preservar el paisaje urbano, sino como una política de Estado para garantizar un ambiente sano y mitigar riesgos naturales como las inundaciones, un problema acentuado por la falta de espacios verdes por habitante en la capital.
El descontento público se hizo evidente cuando vecinos de Palermo, junto con la Asamblea del Barrio, marcharon desde el Jardín Botánico hasta la Plaza Inmigrantes de Armenia, oponiéndose firmemente al plan de construir un estacionamiento subterráneo en la Plaza Armenia y a la privatización del Jardín Botánico. Esta fue solo una de las varias leyes derogadas que impulsaron derechos ciudadanos y ambientalistas, como la ley que garantizaba la transparencia en la cartelería comercial, regulaciones de seguridad en mochilas escolares, y la protección del patrimonio histórico que prohibía el uso comercial de plazas emblemáticas como Plaza de Mayo.
Quizás uno de los elementos más controversiales es lo que María Eva califica de “fraude institucional”, acusado debido al modo en que se validó la ley sin las mayorías necesarias, es decir, 31 votos requeridos, y sin el proceso de doble lectura y audiencia pública que debería haberse seguido. “La sanción de esta ley de Ojarasca no solo es un fraude en términos ambientales y sociales, sino también en términos institucionales”, declara Koutsoubitis, reflejando la indignación de muchas comunidades que se sienten traicionadas por este giro en la política pública de la ciudad.
Más allá del impacto inmediato, esta legislación también afecta áreas vitales como la regulaciones sobre idiomas en la vía pública y la publicidad, así como leyes de asistencia técnica y económica a emprendimientos liderados por mujeres y la suspensión de fondos para el desarrollo del sur de la ciudad. La eliminación de la ley de economía popular que apoyaba cooperativas y microemprendimientos también se ha visto como un duro golpe hacia los sectores más vulnerables, dificultando aún más su estabilidad económica. Éstas medidas han dejado perplejas a comunidades enteras que ven con preocupación el futuro ambiental y social de una ciudad que enfrenta el desafío continuo del cambio urbano injusto.
En un tiempo donde el urbanismo sostenible y la gestión equitativa del espacio público son cada vez más urgentes, las acciones promovidas por la Ley de Ojarasca representan, no solo un retroceso, sino un desafío a ciudadanos y activistas. El camino hacia una Buenos Aires más verde y equitativa podría encontrar resistencia, pero también podría inspirar un renovado activismo cívico que busca proteger los derechos ciudadanos y el bienestar ambiental en esta histórica ciudad.
